El orden del capital reina en el Perú: sobre las disputas interburguesas

Editorial Ande
Perú, 08/12/2022

Al calor del incesante avance de la crisis del capitalismo, la escalada militar a nivel mundial, el acrecentamiento de la lucha de clases, el desprestigio inagotable del Estado Nación, de los políticos de turno, de partidos y palabras bonitas como libertad e igualdad, entra en ebullición el termómetro de las disputas interburguesas en el Perú.

Los contendientes: 1) el poder ejecutivo frente al 2) legislativo y al judicial. Cada lado representando diversas fracciones de la burguesía. Los primeros representan, sobre todo, a la burguesía y pequeña burguesía provincianas aun difusas, pero cada vez más pujantes que se van insertando y disputando mercados, contrataciones con el Estado, concesiones millonarias en el sector de la construcción, territorios destinados a explotación minera, etc., y, por otro lado, el control político del Estado. En el segundo ramo de los bandos, más ligados a los intereses imperialistas, se encuentra la vieja clase burguesa agremiada en la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) que incluye, principalmente, a los sectores nacionales de la banca, minería, construcción, agroindustria y petróleo.

Estos últimos han realizado contribuciones millonarias a políticos de extrema derecha, además de recibir - a través del Estado – préstamos exorbitantes, condonación de deudas, reducción de pagos tributarios, etc. durante la pandemia. A ello se suma de forma evidente los grandes medios de comunicación como los del Grupo El Comercio, Canal N, La República, Latina Televisión, Willax, RPP, etc. Algunos, harto conocidos por recibir coimas de Vladimiro Montesinos en el gobierno dictatorial de Fujimori, y fuertes financiamientos del Estado para publicidad hasta antes del gobierno actual. Son ellos mismos los que diariamente difunden e imponen la ideología de la clase dominante actuando como guardianes de sus intereses.

Aunque estos conflictos interburgueses afectan las actividades sociales en general, no se juegan los intereses esenciales de la clase trabajadora, sino el control del Estado para asegurar las ganancias del capital. En cuanto clase burguesa, el Estado salvaguardaba sus intereses económicos, en lo político se disputan el control del poder, incluso cuando una crisis de este tipo acarree perjurios al desarrollo mismo del capital. La anatomía del ejecutivo que representaba Pedro Castillo expresaba la continuidad sosegada del modo de producción capitalista. Nunca puso en tela de juicio el desarrollo de la acumulación de capital ni la explotación de la clase trabajadora, sino que fue parte integrante de una lista cada vez más larga de intentonas candorosas de transformar la realidad por medio del Estado, de Toledo a Ollanta, de Vizcarra a Sagasti, ingenuidad tras ingenuidad. Castillo se va como llegó al poder: desorientado.

La actual tentativa frustrada de disolver el Congreso por parte del ahora expresidente Pedro Castillo representa el cierre de un ciclo de disputas y el inicio de otras nuevas. De ninguna manera la paz que sueña la clase burguesa. El segundo bando tomó la iniciativa. Antes de la llegada de Castillo al poder, en julio del 2021, lo acusaron interminablemente de fraude electoral. No se dejó esperar la primera moción de vacancia redactada el 18 de noviembre y presentada el 25 de noviembre del 2021. Fue un fracaso. La segunda, del 8 de marzo del 2022, también nació frustrada. Las acusaciones llovieron: corrupción y hasta traición a la patria. Por su parte, el poder judicial se movilizó. El 20 de junio fue votada una nueva Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que agudizó el intento de destituir a Castillo. El 11 de octubre la fiscal presentó una denuncia constitucional contra Castillo. También su familia fue acusada por corrupción y hasta su sobrina estuvo en prisión preventiva por meses. Castillo se mostró desorientado desde el principio, aunque la propia incompetencia del legislativo no consumó la destitución. Al mismo tiempo, se protegió con una continua introducción a su cartera ministerial de sectores de derecha recalcitrante y pactos interburgueses cada vez más escandalosos. También convocó a la OEA como mediadora, pero su mayor defensa la hizo con la llamada cuestión de confianza que presentó su primer ministro Aníbal Torres el 17 de noviembre del 2022. La reacción del legislativo fue la tercera moción de vacancia que se realizó hoy 7 de diciembre. Es en este escenario que la contienda llegó a su momento más álgido. Castillo terminó de mover las fichas que le quedaban a las 11: 41 am:  “Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”       

Sin embargo, esas ideas y esas palabras no tenían ningún respaldo material. Castillo y su séquito parecían confiar ingenuamente en sus palabras, como si por arte de magia el Congreso se cerraría porque él así lo dijera. Tras una hora del mensaje no se sabía nada de los etnocaceristas ni de la policía y menos de las FFAA. No había ningún poder fáctico respaldando esas palabras. Mientras tanto, el campante Congreso aceleraba la vacancia. A la 1:30 pm, aproximadamente, las FFAA divulgaban en un escueto comunicado su apoyo al orden constitucional, lo que verdaderamente significaba el respaldo al legislativo. La estocada final la dieron los 101 votos congresales a favor de la vacancia, que terminó por consumar su corto período presidencial.

Tal fracaso político es expresión de la impotencia y bancarrota de la izquierda peruana, una izquierda que defendió la podredumbre de su gobierno, bajo la excusa de un golpe fascista en ciernes y la esperanza de mejores condiciones para la organización del circo constituyente. Lejos de proponerse la construcción de una apuesta programática independiente y clasista, la izquierda se limita a denunciar a la derecha por su “autoritarismo” y su nula “vocación democrática”. Ese camino los llevó al ridículo de respaldar la misión fiscalizadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), órgano interventor del imperialismo yankee, y a justificar toda la política antiobrera y mediocre de Pedro Castillo.

Mientras los políticos burgueses y la izquierda del capital se achacan mutuamente la responsabilidad de la crisis política, los proletarios del campo y la ciudad continúan padeciendo la explotación y los embates de la crisis capitalista mundial y cargando las consecuencias sobre sus hombros: subida de precios, escasez de materiales para la producción agrícola como es el caso de los fertilizantes, sequías continuas, rebrote de la pandemia, alto precio de combustibles, etc.

En cuanto la izquierda del capital y la derecha se limiten a discutir cuál es la mejor salida para resolver las constantes disrupciones políticas de las instituciones burguesas que defienden con su vida, el hartazgo popular contra los políticos y sus medios de comunicación crece cada día más. Como no podría ser de otra manera, el interés de clase de los trabajadores estaba por completo ausente en este conflicto entre cúpulas. La gestión de Castillo nunca expresó el interés de los trabajadores ni siquiera en términos reformistas. No cumplió ni con las expectativas de las izquierdas del capital cuya aspiración máxima era el cambio constitucional. Aunque ideológicamente se presentara de otra manera – como disputa entre sectores populares y élites, entre “provincianos” y “limeños” – lo que estaba en juego era el control del Estado para beneficiar o discriminar fracciones capitalistas.