El jueves 17 de octubre del 2019, la insistente agitación y desobediencia ante un nuevo aumento en el pasaje del tren subterráneo estallaba en cada evasión masiva y consecutiva represión a lo largo de Santiago, principalmente protagonizada por estudiantes secundarios.
Fue en ese momento que Roberto, un joven profesor de 35 años que realiza clases de Matemáticas y Estadísticas, decidió unirse y rebelarse contra lo que instintivamente identificó como la maquinaria que lo oprime cotidianamente. Tras volver de su trabajo se encontró con una nueva y masiva evasión, en medio de los desórdenes que ocurrían en el Metro San Joaquín (Línea 5), el joven habría roto los distintos torniquetes y validadores de la estación del metro.
Al día siguiente la acción se multiplica, la rabia se expande y estalla la revuelta imparable hasta hoy.
Pasan los días y noches de fuego, toques de queda y militares en las calles, cuando durante la tarde del 29 de octubre mientras las fuertes protestas continúan en el centro de Santiago, personal de la BIPE-PDI (Brigada de Investigaciones Especiales de la Policía de Investigaciones) detiene a Roberto Campos Weiss en su domicilio. Las imágenes de Roberto a cara descubierta destruyendo los torniquetes fue la principal y única prueba en su contra. No hay labor ni merito policial, de inteligencia o investigación como pretenden mostrar por la prensa.
El proceso es llevado por la Fiscalía Sur, denominada como especialista en casos de atentados explosivos e incendiarios, y ahora asumida sin tapujos como perseguidores políticos por excelencia. La nueva GESTAPO celebró la detención de Roberto, como el primer detenido de la revuelta y decidió formalizarlo por Daños y por la Ley de Seguridad Interior del Estado (Articulo 6, letra C: “Los que inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes; y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad pública”).
El nuevo ministro de guerra (o del interior según sea el caso), Gonzalo Blumel solicitó el máximo de penas contra Roberto señalando que: “esa persona le causó un daño profundo a cientos de miles de familias chilenas”. Claro esta que para Blumel la decena de muertos, los cientos de heridos, los más de 40 individuos que han perdido la vista y la decena de jóvenes violadxs por los mercenarios de uniforme, no valen nada al lado de 4 validadores destruidos.
Finalmente el 30 de octubre Roberto enfrentó a todo el poder judicial en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, donde la jueza valido el uso de la “Ley de Seguridad del Estado” y señalo 5 años como pena probable, además de indicar que “el sujeto se siente validado por la acción, y esa es una actitud aún más peligrosa”. De esta forma determinó un plazo de 90 días de investigación, prisión preventiva e ingreso a la Cárcel de Alta Seguridad
¡Solidaridad con Roberto y todxs lxs detenidxs por la revuelta de octubre!
¡A sacar a nuestrxs presxs de las cárceles!
¡A multiplicar las expresiones solidarias con quienes se encuentran tras las rejas por lucha!
¡Abajo la Ley de Seguridad Interior del Estado!
Fue en ese momento que Roberto, un joven profesor de 35 años que realiza clases de Matemáticas y Estadísticas, decidió unirse y rebelarse contra lo que instintivamente identificó como la maquinaria que lo oprime cotidianamente. Tras volver de su trabajo se encontró con una nueva y masiva evasión, en medio de los desórdenes que ocurrían en el Metro San Joaquín (Línea 5), el joven habría roto los distintos torniquetes y validadores de la estación del metro.
Al día siguiente la acción se multiplica, la rabia se expande y estalla la revuelta imparable hasta hoy.
Pasan los días y noches de fuego, toques de queda y militares en las calles, cuando durante la tarde del 29 de octubre mientras las fuertes protestas continúan en el centro de Santiago, personal de la BIPE-PDI (Brigada de Investigaciones Especiales de la Policía de Investigaciones) detiene a Roberto Campos Weiss en su domicilio. Las imágenes de Roberto a cara descubierta destruyendo los torniquetes fue la principal y única prueba en su contra. No hay labor ni merito policial, de inteligencia o investigación como pretenden mostrar por la prensa.
El proceso es llevado por la Fiscalía Sur, denominada como especialista en casos de atentados explosivos e incendiarios, y ahora asumida sin tapujos como perseguidores políticos por excelencia. La nueva GESTAPO celebró la detención de Roberto, como el primer detenido de la revuelta y decidió formalizarlo por Daños y por la Ley de Seguridad Interior del Estado (Articulo 6, letra C: “Los que inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes; y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad pública”).
El nuevo ministro de guerra (o del interior según sea el caso), Gonzalo Blumel solicitó el máximo de penas contra Roberto señalando que: “esa persona le causó un daño profundo a cientos de miles de familias chilenas”. Claro esta que para Blumel la decena de muertos, los cientos de heridos, los más de 40 individuos que han perdido la vista y la decena de jóvenes violadxs por los mercenarios de uniforme, no valen nada al lado de 4 validadores destruidos.
Finalmente el 30 de octubre Roberto enfrentó a todo el poder judicial en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, donde la jueza valido el uso de la “Ley de Seguridad del Estado” y señalo 5 años como pena probable, además de indicar que “el sujeto se siente validado por la acción, y esa es una actitud aún más peligrosa”. De esta forma determinó un plazo de 90 días de investigación, prisión preventiva e ingreso a la Cárcel de Alta Seguridad
¡Solidaridad con Roberto y todxs lxs detenidxs por la revuelta de octubre!
¡A sacar a nuestrxs presxs de las cárceles!
¡A multiplicar las expresiones solidarias con quienes se encuentran tras las rejas por lucha!
¡Abajo la Ley de Seguridad Interior del Estado!
Autor desconocido
Chile, 31 de octubre de 2019
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