El nuevo gobierno comenzó con una ofensiva: la devaluación del 54% del peso argentino respecto del dólar. El plan motosierra es una licuadora de salarios.
Incluso de las ayudas sociales de mayor alcance que, para horror de sus
votantes, La Libertad Avanza aumentó un 50% (AUH y Tarjeta Alimentar). A
pesar de esto no se contrarresta la inflación acumulada durante los
últimos meses de la gestión anterior, y se suma el impacto inflacionario
de la brutal devaluación actual.
El polémico Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) y la “ley ómnibus” presentados por el nuevo gobierno
generan confusión sobre qué entra en vigencia y qué no. Además, parecen
dejar en segundo plano la megadevaluación como ajuste sin decreto que sufrimos de un día para otro y que se suma a la alta inflación que venimos padeciendo desde hace meses y años.
El DNU comienza con una afrenta de clase: derogación de la Ley de alquileres. Y
no significa que la anterior fuese buena ya que, al ajustar alquileres
con un promedio entre inflación y salarios registrados, no hacía más que
acompañar los aumentos del resto de los precios. La propuesta actual es
aún peor: fuerza a los inquilinos a pagar lo que al propietario se le
ocurra, incluso los denominados gastos extraordinarios, empeorando la
cuestión de las garantías y las recesiones, desregulando la duración de
los contratos. Esa es la libertad de
contrato que propone el liberalismo: entre partes que son formalmente
iguales ante la Ley pero desiguales socialmente.
El resto de los apartados son obsequios
para otros sectores: derogación de la Ley de manejo del fuego, que
permite acelerar los tiempos de venta de un territorio incendiado (como
los humedales quemados de esta zona), de la Ley de tierras, de leyes que
regulan la actividad minera, vitivinícola, algodonera y deportiva. Necesidades y urgencias de la burguesía.
Algunos
artículos nos afectan indirectamente al modificar la distribución de
plusvalor al interior de la clase explotadora. Otros apuntan directamente a aumentar la tasa de explotación y debilitar nuestra capacidad de acción, de protesta y de reunión. Ante un ajuste brutal se preparan para las protestas, huelgas y movilizaciones.
El DNU define
“actividades esenciales”, como en el estado de excepción durante la
cuarentena, que en caso de huelga tendrían la obligación de cubrir “al
menos el 75% del trabajo normal”. Los trabajadores de “importancia
trascendental”, por su parte, deberían cubrir el 50% del trabajo normal
en caso de huelga.
Además, el
DNU limita el derecho a realizar asambleas en el lugar de trabajo, ya
que se las considera medidas de fuerza. Prohíbe los piquetes de huelga
en la puerta de las empresas, convirtiendo esta medida en causa
justificada para despido. A su vez se modifica el cálculo de
indemnizaciones para “explorar mecanismos de indemnización alternativos a
cargo del empleador”. Se reducen las multas laborales por trabajo no
registrado o mal registrado y se prolonga el período de prueba de tres a
ocho meses “para fomentar el trabajo”. ¡Trabajo hay! Esta vez la crisis
es con trabajo, con uno o con dos. No es una crisis marcada por la
desocupación, sino de pobreza con salarios de mierda.
Sumando
trabajadoras y trabajadores “esenciales” y de “importancia
trascendental”, tenemos gran parte de la porción asalariada de la clase
proletaria del país. Estos y el resto, asalariados o no, somos atacados con la brutal caída de salarios, ayudas y jubilaciones mediante la inflación.
La pérdida de derechos es relativa entre tanta precarización. La
quita de derechos ya existe sin DNU y viene de gobiernos anteriores
empujando a cada vez más proletarias y proletarios a la precarización: trabajos y alquileres sin contrato, por ejemplo.
Por otra parte, pareciera que el problema
del DNU es su “inconstitucionalidad”: ¡no! Ese es el terreno legal y
puede servir en lo inmediato para frenar todo esto. Pero no olvidemos
que nuestra lucha, la lucha por nuestras necesidades, también puede ser
ilegal y pasar por alto el Congreso. No es un argumento universalmente
válido. Cuando el Derecho se vuelve el horizonte de los cambios
sociales, incluso revolucionarios, es porque no trasciende la
reproducción del propio modo de producción capitalista y sus formas
políticas. Y se acaba discutiendo si es cierto que el DNU en realidad
deroga leyes de Videla y Onganía, como bien hacen notar los defensores
de Milei.
No vale corear la de “Milei basura, vos sos la dictadura” porque es democracia. No vale decir, cuando la democracia no gusta, que es una dictadura;
es una arbitrariedad de mal perdedor. Los anteriores también gobernaron
con decretos y el Estado existe para poner orden y reprimir, además de
distribuir migajas. Sucede que hay cada vez menos migajas y eso
incrementa directamente los palos. El jueguito discursivo está en dejar a
la democracia limpia de culpa y cargo (para seguir con el lenguaje
religioso-judicial), y lo que resulta desagradable ponerlo fuera,
achacarlo a la dictadura. Malas noticias para los demócratas: no hay
democracia sin represión, sin hambre, sin desempleo.
El problema con este DNU es su explícito contenido de clase. No es simplemente el “decreto de Milei”: es de la burguesía, y la burguesía no tiene partido. Claro
que tienen conflictos de intereses entre diferentes sectores por sus
ganancias, por cómo y cuánto explotarnos, pero no tenemos por qué tomar
partido en esas contiendas.
Como clase explotada tampoco es necesario
meternos en el debate “fiscal”, que es un enfoque burgués, adoptado, por
ejemplo, por el nuevo ministro de Economía: «La génesis de nuestros
problemas ha sido siempre fiscal», y anunció «si seguimos como estamos,
vamos inevitablemente camino a una hiperinflación». Por eso es que
buscan reducir los subsidios a la energía y al transporte, entre otras
medidas de austeridad. «Hoy el Estado sostiene artificialmente precios
bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de estos
subsidios (…) Pero estos subsidios no son gratis, se pagan con
inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con
los aumentos en el supermercado. Y con la inflación, son los pobres los
que terminan financiando a los ricos», aseguró Caputo, que no está tan
lejos de la verdad. La cuestión es dónde posicionarse ante esta
realidad.
Cuando quitan los subsidios a las empresas de transporte de pasajeros sufrimos una nueva reducción del salario: pero
como en otras ocasiones, no es tanto que el boleto sea caro sino que
nuestra fuerza de trabajo es muy barata, baratísima. Lo mismo ocurre con
los alquileres: en relación al precio de una vivienda los alquileres no
son caros, lo son en comparación con nuestro salario. En el caso del subsidio al transporte se trata de un subsidio a los capitalistas.
Eso no quiere decir que no nos beneficie de forma indirecta. Pero les
permite a los burgueses pagar salarios más bajos (o al propio Estado, en
el caso de las ayudas sociales). Si el Estado permite que gastemos
menos en viajar (principalmente al trabajo o a diferentes actividades
relacionadas con ello) nuestra fuerza de trabajo se abarata, lo cual
beneficia a nuestros patrones, es decir, se beneficia la clase
explotadora en su conjunto.
Así que, aunque suene paradójico, de
diferentes maneras la quita de subsidios afecta a los burgueses del
sector en particular y a sus trabajadores. La implicación recíproca que existe entre nuestra clase y el Capital no desmiente su carácter antagónico.
De hecho, la reproducción de nuestras condiciones de vida está ligada a
la reproducción del Capital, así mismo nuestras luchas.
En la otra vereda (y por la vereda) Guillermo Moreno, exponente del peronismo doctrinario, lo explica a su manera: «En el estatus quo
estamos todos los que estamos en contra de esta revolución que pone al
país patas para arriba. Y hoy ya empezaron a trabajar el movimiento
obrero con los empresarios, se empiezan a encontrar dentro de una
doctrina extraordinaria que es la peronista. Que no somos la lucha de
clases, nosotros somos la armonía entre Capital y trabajo. (...) Y este
decreto le pega al trabajo y le pega al Capital.»
Evidentemente el ajuste se garantiza con represión.
Y supone un problema para quienes no fueron lo suficientemente
domesticados o institucionalizados, o para quienes la situación los
fuerza a salir a la calle pese a los llamados a la calma de años
anteriores. El panorama es difícil, luego de años y años de
debilitamiento a través de represión vía institucionalización e
integración en la política burguesa.
El gobierno nos marea con amenazas
mientras comienza a dar palos. Antiguo anhelo burgués, el “protocolo
antipiquetes” presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación
establece que las fuerzas policiales y de seguridad federales
«intervendrán frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de
transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías
de circulación». Para evitar los cortes de la circulación de mercancías y
de la mercancía fuerza de trabajo por piquetes y manifestaciones
callejeras, habilita a que las protestas se realicen solamente sobre las veredas.
Por otra parte, el Ministerio de Seguridad
podrá demandar judicialmente a «las organizaciones convocantes a las
manifestaciones, así como a las personas individuales que resultaren
responsables, por el costo de los operativos». Además «se establece que
las entidades perjudicadas podrán iniciar acciones de resarcimiento por
los daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados contra el
patrimonio público y las personas». Ahí se entiende doblemente que
«quien las hace las paga», como señaló Milei. A la cuenta del operativo
de seguridad se le pueden agregar destrozos o limpieza de paredes
pintadas. Y en caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria
en la Argentina, se enviarán sus datos a la Dirección Nacional de
Migraciones «a los fines pertinentes». Dentro de la ley, todo; fuera de
la ley, nada. Y son ellos quienes redactan las leyes.
A esto hay que agregar la denominada “ley
ómnibus”, que incluye un insólito requisito: si tres o más personas
desean reunirse en un espacio público, deberán pedir permiso 48 horas
antes al Gobierno. Y en caso de contar con ese certificado de
aprobación, la reunión podrá realizarse siempre y cuando «no estorbe,
impida o entorpezca el tránsito».
En paralelo, la ley ómnibus también
impulsa la creación de una figura penal para «quienes dirijan, organicen
o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o
entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que
causare lesiones a las personas o daños a la propiedad», los cuales
«serán reprimidos con prisión de 2 a 5 años, estén o no presentes en la
manifestación o acampe». La intención parece ser la de sumirnos en un estado de excepción permanente, dentro de la normalidad capitalista. Como durante la declaración mundial de la pandemia.
La
burguesía, nacional o extranjera, nos explota y nos oprime de diferentes
maneras. Tengamos o no trabajo. De cualquier género, de todos los
colores y diferentes capacidades.
La nueva oposición notifica: «Milei prende
la maquinita y el gobierno emite dos billones para pagar deuda y
gastos. La cifra equivale al plan platita
de Massa que incluyó bonos para jubilados y desocupados, devolución del
IVA, y los beneficios impositivos para montributistas y asalariados
registrados.» Pero a nosotros de nada nos sirve seguir insistiendo en que el problema es la emisión,
que no es solo causa sino principalmente consecuencia del malestar
económico en este territorio. De hecho, con la devaluación brusca del
peso se licúa su valor real vía inflación, y esto es mucho más
importante que la cantidad de pesos circulantes (valor nominal) y las
emisiones.
El actual descontento se percibe como un
problema de la economía nacional, desconectado de la mundialidad del
modo de producción capitalista, un ombliguismo típicamente argentino. No
se percibe un horizonte que vaya más allá del de la nación y sus
individuos. No se perciben problemas estructurales.
La reducción nacionalista canta
insistentemente “la patria no se vende”, dejando el “que se vayan todos”
a los partidarios del nuevo gobierno. El espontaneísmo político convive
con el fervor electoralero que de espontáneo no tiene nada, sirve de
furgón de cola del kirchnerismo y además exige paro a la CGT avalando,
de esa manera, todas las instituciones burguesas que contribuyen a
nuestra explotación.
Este nuevo pacto democrático nos dice que
de esta “se sale votando”. Entonces toda resistencia es una campaña
permanente. Solo de esa manera se le puede pedir coherencia a Milei para
dejarlo en falta frente a sus votantes (?). ¿Por qué pedirle a Milei
que cumpla con su promesa de que la crisis la pague la casta? ¿Para qué
pedir a la CGT? Aún considerándolos traidores, ¿traidores de clase?, si
son parte de la burguesía explotadora. Ya no solo por sus propuestas
ideológicas de conciliación trabajo-capital sino por su posición social
objetiva: burgueses. ¿Qué sentido tiene para nuestra clase defender la
patria? ¿Y a la burguesía nacional? Se parece a la teoría del derrame de
los liberales: “si a la burguesía y al país les va bien, a nosotros
también".
No existe algo así como la casta: no hay castas, ni clase política, porque las clases se definen en relación a la explotación y no a las ideologías.
Un burgués pude decir todo lo que se le antoje, pueden tomar sus frases
y hacerlas bandera pero lo que lo define es su rol en el antagonismo
social. Así mismo, las crisis de la sociedad capitalista se producen por
su propia dinámica que luego gestiona cada gobierno a su manera. A la
propuesta impotente de que la crisis la paguen los ricos, como profesaba
la izquierda, ahora directamente se propone que la pague un sujeto
inexistente como la casta.
Las crisis empobrecen al proletariado y bajan el nivel de vida de cada una de sus sectores:
degradación de las condiciones laborales, reducción del precio de la
fuerza de trabajo, aumento del desempleo, empeoramiento en la vivienda,
la salud, la educación. Estas condiciones no disparan necesariamente la
solidaridad y la lucha porque no se trata de un mecanicismo de la
historia o de “cuanto peor, mejor”.
Las crisis preparan una entrada desfavorable para el proletariado en el nuevo ciclo económico.
Con abundante mano de obra deseando trabajo en las condiciones que sea,
con unos sueldos bajos y aspiraciones más bajas que el ciclo anterior.
Eso puede explicar por qué estamos cada vez peor, por qué hay cada vez
menos respuesta colectiva y masiva frente a estos atropellos. Quien
ingresa al mercado laboral ya ni pretende estar en blanco, como el de la
generación anterior no aspiraba al auto-familia-vacaciones, o su
antecesor a la casa que otros sí pudieron comprar trabajando.
Como vemos, no se trata de volver atrás o hacer deseable el pasado del llamado “Estado de bienestar”. Se trata de advertir los cambios en la sociedad capitalista:
en lo relativo al trabajo, a la identidad obrera, a la división sexual,
al capacitismo, al nacionalismo, a la familia, a la religión y al
racismo. Elementos puestos en cuestión por los movimientos sociales, así
como por las propias dinámicas capitalistas.
Es momento
de explorar nuevas perspectivas, nuevas maneras de luchar. Más allá de
la patria, del Estado, de la democracia, de la lógica de la mercancía,
de los partidos políticos y de los sindicatos.
Ya es hora de señalar la insistencia con
“la calle” como receta mágica. La lucha está en las calles, pero no
solamente. Habrá quienes dirán que hay que “radicalizarlas”, es decir
tirar piedras y enfrentarse con la policía. Esta es una buena ocasión
para preguntarnos además: ¿qué lucha? ¿La que quiere hacer volver al
gobierno anterior? ¿La de fogonear un nuevo líder de la democracia
representativa? ¿Refundar el sindicalismo? ¿Confiar en los movimientos
sociales completamente integrados a la normalidad capitalista?
Uno de los
posibles futuros condensadores de la rabia actual es Juan Grabois,
católico, de discurso contundente y peronista obediente. Pretendido
representante, ya no de la masa obrera sino de la masa precarizada que
denomina “economía popular”. Hace pocos años atrás fue clarísimo: «Hay
que dejar de pensar que el problema de la conflictividad social en
argentina somos los movimientos sociales. El Polo Obrero hoy está
conteniendo 60 grupos que si no estuvieran desfilando por la 9 de julio
estarían haciendo cosas peores. Ustedes no entienden lo que nosotros
hacemos por la paz social en este país, no lo dimensionan».
La forma de
organizarse, los métodos y los fines de muchos de los movimientos
sociales, no solo son reprimidos por el nuevo gobierno, perdieron
credibilidad para las personas explotadas de esta sociedad. Ahora
se los pone en cuestión por derecha, desde el Estado, pero es un
secreto a voces su clientelismo, las tomas de asistencia en las
manifestaciones, lo vemos hace décadas. Para muchos hermanos de clase no
es más que un laburo y para otros no es una alternativa válida de
protesta.
¿Qué decir del sindicalismo? No se trata
de que sea corrupto o sus representantes sean inútiles o avaros. No
sirve, no solo para la emancipación de las trabajadoras y trabajadores,
siquiera en lo inmediato para defendernos. Solo sirve para mantener la
armonía entre explotadores y explotados, para que los primeros ganen
todo lo que puedan sin olvidar que sus ganancias dependen de nuestra
supervivencia.
Habrá quien quiera leer en esto desesperanza o nihilismo. Para nosotros es todo lo contrario.
Puede abrirse una posibilidad para explorar y experimentar nuevos
métodos, nuevos encuentros y desencuentros, nuevos horizontes. Más allá
de las mezquindades de lo normal e impuesto. El año electoral significó
una gran pausa a la conflictividad social y la reflexión crítica, pero
estos cambios obligan a replantear todas las cuestiones, un balance de
las luchas en curso. Es momento de insistir con la necesidad de ruptura.
El fenómeno Milei se apoya en un desprecio
a la política tradicional que no es cuestionada como política, en un
alto grado de conformismo y confianza en la representatividad y en el
“sálvese quien pueda” capitalista. Por su lado, toda la política
“progre” continúa encargándose de borrar la ruptura como alternativa,
como posibilidad. Es cada vez más nacionalista, estatista, gestionista
de lo existente. Ese viene siendo el rol de los partidos políticos que
se pretenden representantes de la clase proletaria, mientras que otros
como el gobierno actual sinceran su rol como defensores de la burguesía,
y cuentan con trabajadores adeptos frente al fracaso del progresismo.
Partiendo de las luchas actuales y las transformaciones de las últimas décadas de la dinámica capitalista a nivel mundial,
prestamos atención a sus manifestaciones locales y las posibilidades
que estas suponen. En primer lugar, la reproducción masiva de fuerza de
trabajo en condiciones de absoluta precariedad, con grandes niveles de
desempleo y pobreza. Esto se evidencia como una gran dificultad para el
Capital. Por lo pronto, logra sortearla a través de grandes redes de
asistencialismo estatal. Veremos cómo continúa esta cuestión ante este
nuevo panorama de ajustes violentos.
Otro aspecto fundamental es el de las
luchas de mujeres y disidencias, atendiendo en el análisis a los cambios
en la división sexual en el capitalismo. Más allá de las políticas
centradas en el plano de reconocimiento identitario, señalamos la
imposibilidad del capitalismo por dar respuesta a muchas de las
problemáticas que se han puesto de manifiesto. Desde una perspectiva
revolucionaria ha quedado suficientemente en claro que no es posible
abolir las clases sociales sin abolir la división de género y que, por
tanto, no es posible abordar un tema sin el otro.
En las luchas en curso también nos
encontramos con la cuestión medioambiental. La economía argentina se
basa fuertemente en la producción primaria, tanto agropecuaria como
minera. De esta depende en gran medida la reproducción de buena parte de
la fuerza de trabajo a través del Estado. Este tipo de producción no se
puede relocalizar cuando es rechazada por la población. Apostamos por
asumir estas profundas implicancias de la
lucha, en oposición al supuesto capitalismo verde y a la defensa del
territorio como “recurso nacional”. Esto puede volver a dar impulso a
las luchas de quienes se identifican como pueblos originarios. Y
necesariamente incrementará la lucha antirrepresiva ante los embates de
la fuerzas de seguridad.
Evidentemente, la lucha por salarios y
mejores condiciones de trabajo continúa siendo fundamental, pero no es
la única y se articula con las demás. Ya no es posible pensar los
problemas aisladamente.
En resumen, nos
referimos a varios planos de la lucha de clases actual, que exceden al
mero ámbito de la producción y ponen en cuestionamiento la reproducción
capitalista en su conjunto. La posibilidad de una ruptura
revolucionaria está latente en esas luchas y expresa un camino a seguir,
aunque por el momento se imponga con fuerza la pacificación
democrática. No proponemos un cambio de hoy para mañana, pero hay que
comenzar. Lo utópico es esperar mejoras de representantes burgueses.
Contra el liberalismo y todas las variantes de la sociedad capitalista. Por el comunismo y la anarquía.
