lunes, 29 de enero de 2024

[España] ¡NUNCA DIGAS NUNCA MAIS!

Reactiva
Enero 2024, Estado español.

“Hasta que no tomen conciencia nunca se rebelarán, y hasta que no se rebelen no podrán tomar conciencia” George Orwell      
Otra vez “mais” un residuo del capitalismo invade las playas, bueno, una pequeña parte de él, ya que la mayoría quedará en el fondo del mar, que ahí parece que no molesta a nadie. Ahora no es un galipote asqueroso, grasiento y cancerígeno, ahora toca microplásticos, millones y millones de bolitas de plástico que a su nociva existencia (unas 15 sustancias tóxicas, la de mayor proporción, un tal Tinuvin 622, parcialmente soluble en agua y tóxica para organismos acuáticos), se irán adhiriendo residuos variopintos, pero eso sí, es un residuo muy moderno e indudablemente mucho más simpático y amigable que la brea, dónde va a parar. Estas bolitas son arrastradas a toda la costa norte de la península ibérica, invaden las playas y es por esta razón que nos hemos enterado, porque nadie duda que si fueran contenedores con baterías de coche, nadie se hubiera enterado y que siga la fiesta del progreso capitalista.

Políticos de todos los colores se echan la culpa unos a otros, como si a algún partido le interesara que se llene de basura las playas, y todos los medios de masas debaten hipócrita y patéticamente sobre los fallos del transporte, la posibilidad de establecer más controles y leyes que permitan un transporte de mercancías sin sorpresas y más ecofriendly. Pero por mucho que periodistas, politicuchxs y ecologistas consideren este hecho un desastre evitable, lo cierto es que no lo es, es un daño colateral de la producción y tráfico de mercancías bajo el capitalismo, al igual que los accidentes laborales, el envenenamiento de la tierra, la atmósfera, el mar, o nuestros propios cuerpos, son consecuencia inseparable del desarrollo del capital. Así como la destrucción de la flora y la fauna, o la guerra, la explotación y muerte de una parte de la población, son consecuencia de este sistema mercantil. El desastre únicamente es evitable si se termina de una vez por todas con él, pero mantenerlo a flote es el denominador común de todxs lxs políticxs del arco parlamentario.

En su ansia de engordar sus beneficios, el sistema recortará sus gastos: salarios, reducción de plantilla, menos inversión en prevención de riesgos laborales, etc... Y estos desastres seguirán ocurriendo, pues no son las consecuencias de una empresa malvada o falta de regulación socialdemócrata, ocurre, porque así son las reglas de la economía. Que antepone la ganancia a la vida. Si ahora los gobiernos nos venden sus compromisos para parar el cambio climático y promueve energías verdes, no es más que para ampliar el mercado con nuevos productos, de los que no se cuestiona el coste ecológico de su producción y mucho menos cuál es su finalidad, que no es mejorar las condiciones de vida de las personas y el medio ambiente, sino engordar los bolsillos de los de siempre. No nos preguntamos: ¿para qué necesitamos el plástico?, ¿por qué vivimos como si hubiera recursos ilimitados, sin cuestionar el modelo de producción? o ¿por qué producimos mercancías que nos esclavizan en lugar de producir únicamente para satisfacer las necesidades reales?. Como nunca se toca la cuestión de fondo, el sistema se mantendrá inalterado en su esencia.

El mar siempre ha sido el gran vertedero de este demencial sistema, un gran desconocido al que, eso sí, aportamos todos los residuos industriales y los desechos de un consumo atroz. Como no se ve, todo se permite. Las playas en el norte siempre han estado llenas de plásticos, vertidos de la ganadería y la industria, e innumerables desagües cargados de tóxicos y material fecal que aportan de vez en cuando algún parásito o bacteria intestinal a bañistas afortunadxs. Pero en verano hay un servicio de limpieza (inexistente el resto del año) para realizar un lavado de cara y que lxs turistas se lo pasen pipa y consuman contentxs.

Solo en contenedores son miles los que caen cada año al gran azul, ésta ha sido una gran noticia, por un lado por la hipocresía de los medios, pero sobre todo porque ha llegado hasta las costas, unas costas cada vez más degradadas por la explotación de sus recursos, y por un turismo masivo cada vez más destructivo. Este turismo, unido a la brutal especulación inmobiliaria, en auge debido a la estrategia de vender el norte de la península ibérica como un destino ideal para afrontar el cambio climático, hace que sea muy compleja la supervivencia de la población local.

El 13 de diciembre, a un vecino de Corrubedo que regenta un bar en la zona, le avisó un cliente que estaban llegando unos fardos a la costa, apurado fue para la playa y para su sorpresa descubrió que la bolsas blancas no contenían cocaína, sino unas bolas blancas que emanaban un repugnante hedor a gasolina, entonces llamó a la guardia civil, al ayuntamiento y a salvamento marítimo. Todos le daban largas, el hombre, mientras esperaba la ayuda, se puso a recoger para que no volvieran al mar, pues ya estaba el arenal lleno de bolitas y varios sacos sin abrir llenos de ellas. Cayó la noche y el hombre retiró 40 sacos llenos, al día siguiente 18, y por ahí nadie apareció.

Ahora, un mes después y todos los sacos rotos, nos piden a nosotrxs que limpiemos su mierda, de manera voluntaria, por supuesto. El trasvase de fondos, en el caso de la Xunta de Galicia, al parecer será para una histórica en trapicheos con el PP en la comunidad Silman 97 SL, una empresa de marketing y comunicación que ni idea tiene de desastres ambientales, pero que se llevará el dinero calentito por la supuesta formación (que se basa en dar un tríptico de información) de voluntarixs en las playas. Esa empresa hace el agosto del desastre para que nosotrxs, ciudadanxs responsables, doblemos el lomo y bolita a bolita  lavemos la cara del capital con nuestra solidaridad, y así les dejaremos el terreno limpio para el siguiente vertido.

Nos adelantan que la empresa será difícil de imputar, pues es un buque con bandera de Liberia, contratado por una naviera de Bermudas, con sede social en Chipre, la mercancía de una empresa Polaca y con fabricante en India...  Como siempre al capital le sale gratis o muy rentable destruir la tierra.

Cosa muy distinta ocurre cuando a algún inconsciente se le ocurre cuestionar el orden establecido o la exclusividad del uso de la violencia por parte del Estado y osa poner un palo en el engranaje de este sistema de explotación y miseria. Si es apresadx por las garras del Estado, será torturadx y condenadx. Miles de compañerxs sufren en las cárceles del mundo, nuestra solidaridad es con ellxs y con el resto de compañerxs que luchan por la vida y contra el Capital.

Tampoco nos interesa lo que patéticxs izquierdistas nos tratan de vender: otro capitalismo más humano, con menos excesos. No queremos un mundo de mierda, lleno de plantaciones de eucaliptos y molinos de viento por doquier, donde nos exploten asertivamente, sin discriminación por género o raza. Queremos un mundo sin explotación y donde merezca vivir, un mundo con robles y lobxs, y no al margen de este sistema, sino sobre sus ruinas.

O todo o nada, es inútil dar alternativas a la demencia capitalista, es necesario una lucha contra toda la profundidad y extensión de esta compleja maquinaria, el combate irreductible contra todas las expresiones de este mundo de alienación, la destrucción sistemática de todas las ilusiones ciudadanistas y democráticas y de todas las visiones parcializadoras.

¡LUCHAMOS POR LA VIDA Y CONTRA EL CAPITAL!

miércoles, 24 de enero de 2024

24 de enero, huelga general en Argentina

Partido Comunista Internacional (El Proletario)
22/01/2024

El miércoles 24 de enero tendrá lugar una huelga general en Argentina convocada por los principales sindicatos y corrientes sindicales del país, la oposición peronista y de la extrema izquierda parlamentaria y un sinfín de organizaciones sociales, piqueteras, etc. El objetivo es impedir que la ley ómnibus propuesta por el gobierno del recién elegido Milei pase por el Parlamento y la judicatura y se convierta en realidad.

Tras la victoria del histriónico candidato a finales del año pasado, Argentina parece que está en el foco de todas las miradas. Ante una crisis económica cuya principal característica es la inflación desbocada (pero que no es algo tan extraño en un país con sus características productivas) y el tono beligerante con que el partido La Libertad Avanza llegó al poder, desde todas partes se espera con atención el resultado de las medidas que se están poniendo en marcha. Pero la realidad, más allá del circo mediático que pueda generarse en torno a las salidas de tono del nuevo presidente, es que en Argentina se prepara un ajuste económico al uso, siguiendo los patrones básicos que durante los últimos años se han visto en cada caso de este tipo.

Devaluación de la moneda para limitar el crecimiento de los salarios, rescate de la deuda privada, blindaje de los sectores exportadores del país, etc. etc. Nada que no se haya visto con anterioridad en cualquier país que, como Argentina, haya recibido ayudas de las entidades financieras internacionales y se vea en la obligación de devolverlas en medio de una situación turbulenta. Sobre esto no hay que llevarse a engaños: el “libertarismo” de Milei, los ataques a “la casta”, los llamados a acabar con el Banco Central, son estridencias que emborronan la realidad: será la clase proletaria la que pague el ajuste y lo hará, como siempre, viendo deterioradas hasta el extremo y por tiempo indefinido sus condiciones de vida y de lucha.

La ley ómnibus contra la que se convoca la huelga afecta a temas tan variopintos como el salarial, la regulación del espacio aéreo o la titularidad de la propiedad de los equipos de fútbol. Se trata de una especie de disparo a bocajarro, con toda la fuerza disponible en el momento, con el que se intenta aprovechar el momento de euforia y fortaleza posterior a las elecciones para imponer lo más rápido posible las medidas anti crisis. Por lo que parece la precipitación a la hora de diseñar la reforma legislativa ha hecho que se pueda estar vulnerando la propia Constitución y esto ha llevado a que el poder judicial bloquee su aplicación. Ante esta paralización, el partido de la derecha tradicional, que dio a Milei forma y estructura después de que este ganase por sorpresa la primera vuelta de las elecciones y a través del cual la clase burguesa argentina, en un primer momento reacia a la llegada al poder del nuevo presidente, ha colocado en el gobierno a sus principales representantes, se ha aprestado a aceptar algunas reformas al texto legal, a suavizar algunos puntos, etc. Para ellos, para la clase social a la que representa y que ve en figuras como Macri o Bullrich la única alternativa ante la podredumbre absoluta que domina en el peronismo, no se trata de hacer una revolución: basta con ser capaces de utilizar la borrachera democrática que ha llevado al enésimo gobierno populista al poder para aplicar el que ha sido su programa de reformas habitual durante los últimos 50 años.

Para la izquierda tradicional, para las diferentes ramas peronistas y para el gran sindicato CGT, la paralización de la ley ha sido la excusa perfecta para contemporizar con el gobierno. Para empezar, llamaron a una huelga general ¡el 24 de enero! Un mes después de la aprobación del decreto ómnibus, dando con ello la garantía de que el único fin de la movilización era cubrir el expediente, justificar una oposición más ficticia que real y plegarse en definitiva ante las exigencias de la burguesía. Y para continuar, cifran todo el rechazo a la ley en sus defectos formales, en la posibilidad de que sea inconstitucional, etc. Es decir, dejan a la judicatura la potestad de aplicarla al menos en sus partes legales.

Finalmente, la extrema izquierda parlamentaria, de corte trotskista y representada por el Frente de Izquierda y de Trabajadores (coalición electoral formada por el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero y la Izquierda Socialista), se colocan, como es habitual, detrás del peronismo y de la CGT, y se limitan a exigir a estos que hagan una “oposición real” a Milei, que encabecen las huelgas y las protestas, que se afanen en la vía legalista, etc. Durante los últimos veinte años el trotskismo ha mostrado, en Argentina, su inmensa capacidad… para desviar a los proletarios de los verdaderos objetivos, métodos y medios de la lucha de clase. No va a ser menos ahora.

Pero la realidad es sangrante para el proletariado de Argentina. La paralización temporal de la ley no parece ser otra cosa que una maniobra de dilación para evitar un choque demasiado brusco entre el nuevo gobierno y la clase trabajadora que padecerá sus medidas. La burguesía, a través de su Estado, que incluye tanto al gobierno como al poder judicial o al Parlamento en el que está la oposición, trata de lograr un punto de equilibrio en el cual sus exigencias se impongan con fuerza pero se limen los aspectos más virulentos, logrando así reforzar la confianza en el propio Estado por parte de los proletarios y atenuar su protesta, que siempre podrá ser remitida por la oposición peronista y trotskista a un nuevo envite electoral, una nueva rogatoria judicial, etc.

Las medidas que exige la burguesía argentina e internacional se impondrán, sin duda. No existe oposición a estas ni en el Parlamento ni en los juzgados: todos los partidos burgueses saben que son imprescindibles para evitar que la crisis económica repercuta definitivamente sobre sus ganancias y la extrema izquierda será incapaz de romper con ellas. La tupida red de organizaciones sindicales y asociaciones piqueteras y sociales controladas por el peronismo y el trotskismo no van a plantar una batalla real contra las medidas anti obreras del gobierno: en Argentina más que en cualquier otro país de América Latina, el sindicalismo de concertación, que tiene como bandera la solidaridad interclasista al amparo del Estado burgués, paraliza al proletariado y tiene como función garantizar la paz social a cambio de participar en el desarrollo de políticas sociales, reparto de prebendas, etc.

En esta situación, los proletarios deben prepararse para un largo periodo de sacrificios y exigencias. Su única alternativa es ser capaces de salir de su letargo y presentar la batalla sobre el terreno de la defensa inmediata de sus condiciones de existencia. No pueden esperar nada ni de la oposición “de izquierdas” ni de las grandes organizaciones sindicales que juegan en favor de su enemigo de clase, pero, a la hora de la verdad, a la hora de aplicar la legislación anti obrera que la burguesía reclama a través de Milei, todavía poseen la fuerza que como clase les corresponde en los puestos de trabajo, en las empresas y en los barrios proletarios. Aún cuando toda la fuerza del enemigo, la abierta y la soterrada, vaya encaminada a hacerles aceptar su propia miseria, todavía pueden plantarle cara a través de la lucha de resistencia cotidiana contra la aplicación de cada una de las medidas que contiene el decreto.

¡Por la defensa intransigente de las condiciones de vida y lucha del proletariado!

¡Por la creación de organismos de resistencia económica capaces de afrontar la ofensiva de la clase burguesa!

¡Por el retorno de la lucha de clase!

lunes, 15 de enero de 2024

Crítica al concepto de “genocidio”

Un internacionalista
Enero de 2024

Sudáfrica ha demandado a Israel ante un tribunal internacional de La Haya, acusándolo de genocidio. Según el periodista israelí Sergei Auslender, los abogados israelíes lucharon heroicamente ante los tribunales. Rina Basist, columnista del Jerusalem Post y de Al-Monitor, tiene una opinión ligeramente diferente, lo que es comprensible puesto que no trabaja para un público proisraelí de antiguos judíos de la URSS. El problema es que los políticos israelíes han dicho tantas cosas que se necesitarían un par de Nurenberg. Son sus discursos, así como los discursos de algunos militares, los que aparecen en los tribunales, no sólo las acciones de los militares.

Hoy, muchos acusan a Israel de “genocidio” en relación con el bombardeo de Gaza. La acusación contra Israel podría suscitar de nuevo el debate sobre lo que es pertinente. Sin embargo, existen críticas al concepto y dudas sobre su utilidad. Mi objetivo no es justificar o condenar a Israel en este asunto, me interesa otra cosa.

Las acciones de Israel son atroces. Las tropas israelíes han matado a unas 22.000 personas en Gaza. Estas cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza están fuera de toda duda. En el pasado, como señala la publicación centrista occidental Economist, sus cifras sobre las víctimas de los ataques aéreos israelíes han sido exactas y confirmadas por instituciones internacionales independientes. No cabe duda de que una gran proporción de los muertos son civiles. Incluso según las cifras israelíes, que sin duda están infladas (como siempre ocurre en tiempos de guerra), Israel mató a 9.000 combatientes de Hamás, lo que significa que 13.000 de los muertos eran civiles. Los funcionarios israelíes hablan abiertamente de que están luchando contra “medio-animales” (el jefe del Ministerio de Defensa, Yoav Galant), de que vale la pena cuestionar la inocencia de los civiles palestinos (el presidente israelí Yitzhak Herzog) y discuten abiertamente los planes para deportar a los palestinos.

Por otra parte, Hamás se apoderó de 22 centros de población israelíes el 7 de octubre y los retuvo durante varios días. Durante ese periodo, los militantes mataron a unos 1.200 israelíes, de los que sólo 300 eran militares, y secuestraron a otras 240 personas, entre ellas niños enfermos y ancianos. Si los crímenes de Israel son genocidio, ¿deberían considerarse como tales las acciones de Hamás?

Es probable que los partidos debatan sobre esta cuestión, intentando arrojarse lodo unos a otros, lodo que ya han esparcido.

El concepto de “genocidio” se desarrolló al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias vencedoras sintieron la necesidad de perseguir a los perdedores del conflicto: los altos cargos del Tercer Reich, culpables de terribles crímenes.

Según su definición, el “genocidio” está totalmente relacionado con la intención explícita de exterminar, parcial o totalmente, a determinados grupos, naciones o etnias.

A menudo ha sido ignorada por diversos gobiernos, incluidos algunos de los que han suscrito los correspondientes convenios que la consagran como elemento de los sistemas de derecho internacional. Pero más allá de eso, su aplicación ha llevado a menudo a contradicciones con la moral universal que parece encarnar.

Supongamos que mañana al Gobierno brasileño se le ocurriera convertir toda la tierra del Amazonas en pastizales. Un hecho así, en relación con los pueblos indígenas que allí viven, tendría las mismas consecuencias que lo que se conoce como “genocidio”, pero no estaría tipificado como tal en el derecho internacional, ya que aquí no hay una intención clara de matar a los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas.

En teoría, las clases dominantes ni siquiera se opondrían a rescatar a estos pueblos indígenas si fuera posible y no demasiado caro. Pero en muchos casos, el rescate es imposible debido a la falta de contacto de algunos grupos, su lejanía de las prácticas sociales de la civilización moderna, la alimentación, los oficios, las costumbres, etc.

En este caso, la muerte de grupos étnicos enteros no sería un objetivo, sino una consecuencia de la crueldad y la negligencia criminal de las fuerzas que gestionan el proyecto.

Así que resulta que la definición (“genocidio”) no sirve para nada más que para dar a los grupos dirigentes de los distintos Estados un pretexto para condenarse mutuamente en sus interminables conflictos violentos.

En nuestra opinión, basta con demostrar que se han producido masacres para condenarlas. No son necesarias más reservas. Si no está de acuerdo, no pasa nada, pero la cuestión es la siguiente: ¿se hace menos atroz el asesinato masivo de personas, es decir, disminuye el grado de vergüenza y condena, en función de la intención de exterminio o de la falta de ella?

Por ejemplo, el desarrollo del capitalismo naciente en las Américas no perdonó a los pueblos del continente africano occidental, que fueron esclavizados e incluso arrojados al mar para morir. 12,5 millones de personas fueron transportadas a las colonias de América. El número de muertos por este transporte oscila entre 1 y 2 millones (hay otras estimaciones que apuntan a un mayor número de esclavos transportados y un mayor porcentaje de muertos). Al mismo tiempo, no podemos decir que los traficantes de esclavos pretendieran exterminar a los africanos, porque el capitalismo, en su versión esclavista, exigía que estuvieran vivos para trabajar. Los propietarios no querían matar a los esclavos porque querían venderlos para obtener beneficios, es decir, no podían tener una intención clara de matar a los africanos esclavizados. Sus muertes eran más bien el resultado de la negligencia, los malos tratos y la economía del transporte de los esclavos que eran mantenidos en los sótanos en condiciones inhumanas.

La pregunta es: ¿es el asesinato masivo de judíos durante la Segunda Guerra Mundial un crimen más o menos grave? Personalmente, me deja estupefacto el razonamiento que hay detrás de tal cosa: ¿cómo se puede comparar un crimen monstruoso de enormes proporciones con otro, igualmente enorme y atroz, para definirlo como menos o más atroz? ¿A qué escala deben hacerse esas comparaciones y por qué son necesarias? No me refiero al hecho de que la esclavitud de 12,5 millones de personas (repito, según otras estimaciones, el número de africanos vendidos como esclavos fue mucho mayor) sea en sí mismo un crimen impensable, uno de los más atroces de la historia de la humanidad.

Sin embargo, el término “genocidio” ya está presente en nuestro lenguaje como el crimen más grave y último. El asesinato de africanos es, por supuesto, un crimen terrible, pero no es un “genocidio”. Este “todavía no es genocidio” implica a menudo que lo ocurrido “no es tan horrible” y se presenta en diversas variantes, incluyendo interminables discusiones sobre las intenciones o motivos de las partes.

Sin embargo, las intenciones y los motivos son bastante subjetivos y difíciles de probar, porque no se puede entrar en la cabeza de otra persona. Y a menos que exista un documento firmado por el gobierno que indique claramente los planes de exterminio de un grupo étnico, religioso o racial, es muy difícil probar el genocidio. Por tanto, es pertinente debatir por qué los mismos hechos pueden considerarse genocidio en unos países y no en otros, y qué intereses hay detrás de ello.

Quizá la cuestión principal no sea cuál de las masacres fue más atroz que la otra. Se trata simplemente de compararlas en términos de escala y sadismo. Y esto es necesario para comprender las razones materiales e ideológicas que llevan a muchos sectores de la sociedad a justificar tales crímenes y, lo que es peor, a sumarse a las campañas estatales para llevar a cabo masacres.

Esta crítica al concepto de genocidio y a su utilidad no es algo que hayamos inventado o recogido del puro éter. En parte, esta crítica es compartida por juristas que han intentado defender la tesis del genocidio en diversas situaciones. Hacen hincapié en la estrechez del concepto de “genocidio”, dada la imposibilidad casi total de probar la comisión intencional de tales actos.

Así pues, el concepto de “genocidio” tiene una particularidad importante. En nuestro idioma, a menudo (aunque no necesariamente) se considera el delito más grave. Como tal, también está definido por el derecho internacional. Por ejemplo, a menudo oímos decir de un suceso terrible que provocó la muerte masiva de personas: “Sí, se trata de un sistema criminal o de decisiones criminales de los dirigentes, pero todavía no es un genocidio”, porque el gobierno (empresa, organización, grupo) no tenía una intención clara y evidente de matar a representantes de un grupo concreto localizado por motivos étnicos, nacionales, raciales o religiosos. Puede haber habido negligencia criminal, etc., pero es extremadamente difícil demostrar la intención de matar, porque las intenciones y los motivos son el ámbito más turbio y las conclusiones en este ámbito suelen ser arbitrarias.

Y entonces surge la siguiente pregunta: ¿a qué contribuye esta categoría, “genocidio”, que, como ya hemos descubierto, es bastante vaga y casi arbitraria?

 

domingo, 14 de enero de 2024

[Ecuador] CONTRA LA GUERRA ENTRE PATRONES, REDES DE SOLIDARIDAD PROLETARIA

Análisis y posicionamiento comunista sobre la jornada de terror del 9 de enero de 2024

Proletarios Hartos de Serlo
Quito, enero de 2024

 

Ecuador, 9 de enero de 2024: continuación y agudización de la guerra interburguesa o entre patrones, usando como carne de cañón a proletarios sobrantes y a la población civil en general, a fin de aterrorizar, disciplinar y explotar con mayor facilidad y “legitimidad” a la clase trabajadora por parte del Estado capitalista y su gobierno de turno. Para los explotados y oprimidos, la salida de esta situación sólo puede ser colectiva… y combativa:  la solidaridad de clase… contra clase.  

Hoy en día, el contexto histórico y mundial es de crisis, descomposición y guerra; de catástrofe y contrarrevolución. El narcoterrorismo en países capitalistas subdesarrollados como el Ecuador es su rostro más visible y monstruoso. Pero no es una “anomalía”: eso mismo es el capitalismo y el Estado.

El capitalismo es un modo de producción y reproducción social que se basa en la violencia: la depredación sistemática de la naturaleza y de la humanidad proletarizada para producir mercancías y obtener ganancia. La explotación asalariada es violencia. La acumulación de riqueza en un polo social (ej. Samborondón) y de miseria en otro polo social (ej. El Guasmo) es violencia. La represión de la protesta contra esta desigualdad estructural es violencia. El Estado es el monopolio “legítimo” de toda esa violencia. El Estado no es “neutral”: es el guardián del Capital.

El capitalismo se basa también en la competencia. Con sus empresas y sus Estados, los capitalistas de todo el mundo compiten entre sí de manera permanente por más capital, territorio y poder, tal cual lo hacen las mafias. Y, en ciertas situaciones, dicha competencia adquiere una forma armada llamada guerra. Esto es la guerra intercapitalista, la guerra interburguesa o la guerra entre patrones, donde el Estado es el patrón de patrones y la mafia de las mafias.

Mientras que las mafias del narcotráfico en realidad son empresas transnacionales (carteles mexicanos, colombianos, albaneses, etc.) con sucursales locales (empresas de lavado de dinero, bandas delictivas, etc.). Esta es la lumpenburguesía. Su fuerza de trabajo (traficantes) y, al mismo tiempo, su fuerza de choque (sicarios) es el lumpenproletariado o el proletariado sobrante ─sin trabajo, sin techo, sin estudios, sin futuro─ que reclutan a la fuerza desde niños y adolescentes en los suburbios.

¿Por qué ahora estas mafias tienen más poder que antes? Porque son un síntoma de la crisis y descomposición del capitalismo que mencionamos al principio. Teniendo presente que las crisis son momentos de verdad; es decir, el capitalismo es mafioso por naturaleza y desde sus orígenes, sólo que hoy en día aquello es más brutal y escandaloso que antes. Y no se olvide: el Estado es la mafia mayor de cuello blanco.

Por lo tanto, los hechos violentos del 9 de enero en Ecuador son un episodio más, pero también más fuerte, de la guerra entre la mafia de la burguesía agroexportadora ─personificada por Noboa y su gobierno─ que ahora está de nuevo en el poder estatal y la mafia de la lumpenburguesía ─personificada por “Fito” y su banda─ que ha ganado cada vez más poder en la sociedad. Esto es lo que realmente significa el “conflicto armado interno” del que habla el gobierno ─y la prensa burguesa. También habla de “actores no estatales beligerantes”, “crimen organizado transnacional” y “terroristas”. Pero este refinado e hipócrita discurso liberal no resiste un análisis crítico de clase.

Por un lado, los narcopolicías, narcomilitares, narcojueces, narcopolíticos y narcoempresarios tanto del caso “Metástasis” como del caso “El gran Padrino”: toda esa “élite” burguesa mafiosa es el Estado capitalista crudo y duro, sin máscaras ni maquillajes, aquí y ahora. Por otro lado, las bandas del narcotráfico en realidad son “la hipertrofia del poder estatal” ─como bien dicen unos compañeros anarquistas─, porque ejercen funciones estatales en los suburbios y las cárceles: administración de negocios, control territorial, represión y asistencialismo al mismo tiempo.

Por lo tanto, ese lloriqueo socialdemócrata de “el abandono del Estado” o de “el Estado ausente” es falso. Al contrario, eso mismo es el Estado: una gran pandilla de hombres armados que administra la acumulación de capital y de poder en los territorios, ya que las condiciones materiales y las relaciones sociales vigentes lo hacen posible. El Capital-Estado es el verdadero crimen organizado, y es un pulpo con diferentes tentáculos: el tentáculo legal y “bueno” está conformado por todos los empresarios, políticos, jueces, militares y policías (de Ecuador, México, EE.UU. y otros países) con quienes los narcos hacen negocios y pactos bajo la mesa; mientras que el tentáculo ilegal y “malo” está conformado por las bandas ecuatorianas y sus verdaderos jefes, los carteles mexicanos. Ese es el Capital-Estado real aquí y ahora, que explota y somete a la mayoría de la población usando todo su poder (militar, político, legal, económico, social, cultural y mediático).

En la política ─y en su continuación que es la guerra─ ciertamente existen conspiraciones y espectáculos. De hecho, la jornada de terror del 9 de enero en Ecuador fue la ejecución de un plan orquestado entre el Estado y las bandas. El torpe secuestro de TC Televisión por parte de miembros muy jóvenes de una banda y su fácil rescate por parte de la policía es el más claro ejemplo de ello, y no sólo una televisada demostración de fuerza; así como también, los videos que circularon en redes sociales de los guías penitenciarios secuestrados y supuestamente “ejecutados” dentro de las cárceles. ¿“Política de shock” y de show? Sí, pero esa no es la causa que explica lo sucedido…

La causa estructural es la necesidad de la clase dominante de gestionar la crisis capitalista (caída de la tasa de ganancia, desvalorización y sobreproducción de drogas y de mercancías en general) y la contrarrevolución preventiva (prevenir una nueva insurrección de los explotados y oprimidos como en octubre de 2019 y junio de 2022) de manera cada vez más violenta o sangrienta. Durante los últimos años en el Ecuador, este ya es un patrón que se repite y se agudiza cada vez más. La causa estructural es, pues, la necesidad del Capital de usar la violencia estatal y paraestatal tanto para deshacerse de proletarios sobrantes o “antisociales” porque ya no producen valor o no son “productivos” como para disciplinar y reproducir la fuerza de trabajo en activo, su única fuente de valor y ganancia. En fin, es una violenta vuelta de tuerca del capitalismo.

El resultado logrado por la clase dominante es sembrar el miedo en la población y crear un consenso social reaccionario de “más seguridad” y, peor aún, de “darles bala”, para así justificar y legitimar, por un lado, el terrorismo de Estado: toque de queda o estado de excepción; militarización de las calles; impunidad para los militares y policías que humillen, torturen y asesinen a jóvenes empobrecidos y racializados de los suburbios; Decreto 111; “Plan Fénix” (o Noboa imitando a Bukele); y posiblemente, “Plan Ecuador” (nueva versión criolla del “Plan Colombia”, bajo la tutela de EE.UU.). Por otro lado, justificar y legitimar el “paquetazo” de medidas económicas de este gobierno de la burguesía agroexportadora contra el proletariado de todos los sectores (aumento del IVA del 12 al 15%, condonación de deuda tributaria a grandes grupos económicos, privatizaciones, zonas francas, flexibilización laboral, etc.), como si todo el país fuese su hacienda bananera… y su puerto de cocaína. En suma: aterrorizar para disciplinar y explotar con mayor facilidad y “legitimidad” a la heterogénea clase trabajadora que habita la región ecuatoriana. Y, por supuesto, beneficiar a toda la clase de los capitalistas ─criollos y extranjeros─, más allá de sus conflictos internos.   

Por todo ello, el problema no es “el país”, “el gobierno”, “el narcoestado”, “el neoliberalismo” ni “la fascistización social”. El problema es el capitalismo, que es un sistema mundial de explotación y muerte. Y los proletarios no tenemos patria. De manera que rechazamos todos los llamados a la “unidad nacional” y la “defensa de la democracia”, vengan de quien vengan, porque la nación o la patria es una hacienda con shopping y cárcel; y la democracia, la dictadura invisibilizada y normalizada de la burguesía ─legal e ilegal─ con sus sicarios ─uniformados y no uniformados─, en la cual tienen lugar estas guerras entre patrones donde los muertos nunca son ellos, sino los proletarios sobrantes, los nadies. Mismos que, desgraciadamente, en lugar de militar para la guerra de clases y la revolución, hoy militan y sacrifican sus vidas para la guerra interburguesa y la contrarrevolución. Hijos bastardos de estos tiempos.

Frente a toda esta catástrofe, nuestra propuesta como comunistas no es “más Estado” ─que en este caso sería pedir más ejército y policía en las calles o más violencia y control sobre la población con unas migajas de “gasto social”─ ni más activismo ciudadano y caritativo ─porque fuera de un contexto de lucha de clases, la “solidaridad” termina siendo caridad o asistencialismo, venga de quien venga─. Nuestra propuesta como comunistas es crear, desarrollar y fortalecer comunidades de lucha y de vida o redes de solidaridad, resistencia, apoyo mutuo y cuidado en los territorios. Redes que sean independientes de todas las fracciones (legales e ilegales, estatales y narcos, gubernamentales y no gubernamentales) del Capital y del Estado. En una palabra: practicar la solidaridad de clase, que es autónoma y combativa o no es. Porque en la guerra social, la solidaridad es nuestra mejor arma, proletarios.

Apoyarnos mutuamente y cuidarnos entre explotados, oprimidos y excluidos contra el terror, el aislamiento y la desesperanza que nos imponen los explotadores y opresores junto con sus sicarios uniformados y no uniformados. Apoyarnos mutuamente y cuidarnos desde el alimento y el techo hasta la salud mental y las adicciones, en los lugares donde habitemos o donde nos movamos y con quienes tengamos diferentes vínculos. Incluso llegar a disputar, controlar y transformar los territorios, con la solidaridad proletaria y la legítima autodefensa como nuestras mejores armas. Tal como ya lo han hecho y/o lo hacen nuestros hermanos de clase en otros países (Chile, Grecia, Argentina, País Vasco, etc.).

En el actual contexto de contrarrevolución preventiva y sangrienta, sin duda está lejos la revuelta… y peor aún la revolución, que sería la única solución radical o de fondo para toda esta catástrofe. A pesar de ello, es necesario mantener encendida la llama de la lucha proletaria con independencia y solidaridad de clase. El desafío es construir una alternativa revolucionaria real codo a codo entre explotados, oprimidos y excluidos, en especial entre el proletariado juvenil, más que como un proyecto histórico y político, como una cuestión de vida o muerte aquí y ahora. Lo uno es inseparable de lo otro. Y es mundial, porque la lucha y la solidaridad de clase no tienen fronteras.

jueves, 11 de enero de 2024

[Argentina] ¡Esto es lucha de clases!

Boletín La Oveja Negra
11/01/2024, Rosario (Argentina)

La megadevaluación y el decretazo del gobierno son un ataque de clase. Contra quienes trabajamos, alquilamos, usamos transporte, salud pública, recibimos ayudas sociales y/o protestamos.

El nuevo gobierno comenzó con una ofensiva: la devaluación del 54% del peso argentino respecto del dólar. El plan motosierra es una licuadora de salarios. Incluso de las ayudas sociales de mayor alcance que, para horror de sus votantes, La Libertad Avanza aumentó un 50% (AUH y Tarjeta Alimentar). A pesar de esto no se contrarresta la inflación acumulada durante los últimos meses de la gestión anterior, y se suma el impacto inflacionario de la brutal devaluación actual.

El polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la “ley ómnibus” presentados por el nuevo gobierno generan confusión sobre qué entra en vigencia y qué no. Además, parecen dejar en segundo plano la megadevaluación como ajuste sin decreto que sufrimos de un día para otro y que se suma a la alta inflación que venimos padeciendo desde hace meses y años.

El DNU comienza con una afrenta de clase: derogación de la Ley de alquileres. Y no significa que la anterior fuese buena ya que, al ajustar alquileres con un promedio entre inflación y salarios registrados, no hacía más que acompañar los aumentos del resto de los precios. La propuesta actual es aún peor: fuerza a los inquilinos a pagar lo que al propietario se le ocurra, incluso los denominados gastos extraordinarios, empeorando la cuestión de las garantías y las recesiones, desregulando la duración de los contratos. Esa es la libertad de contrato que propone el liberalismo: entre partes que son formalmente iguales ante la Ley pero desiguales socialmente.

El resto de los apartados son obsequios para otros sectores: derogación de la Ley de manejo del fuego, que permite acelerar los tiempos de venta de un territorio incendiado (como los humedales quemados de esta zona), de la Ley de tierras, de leyes que regulan la actividad minera, vitivinícola, algodonera y deportiva. Necesidades y urgencias de la burguesía.

Algunos artículos nos afectan indirectamente al modificar la distribución de plusvalor al interior de la clase explotadora. Otros apuntan directamente a aumentar la tasa de explotación y debilitar nuestra capacidad de acción, de protesta y de reunión. Ante un ajuste brutal se preparan para las protestas, huelgas y movilizaciones.

El DNU define “actividades esenciales”, como en el estado de excepción durante la cuarentena, que en caso de huelga tendrían la obligación de cubrir “al menos el 75% del trabajo normal”. Los trabajadores de “importancia trascendental”, por su parte, deberían cubrir el 50% del trabajo normal en caso de huelga.

Además, el DNU limita el derecho a realizar asambleas en el lugar de trabajo, ya que se las considera medidas de fuerza. Prohíbe los piquetes de huelga en la puerta de las empresas, convirtiendo esta medida en causa justificada para despido. A su vez se modifica el cálculo de indemnizaciones para “explorar mecanismos de indemnización alternativos a cargo del empleador”. Se reducen las multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado y se prolonga el período de prueba de tres a ocho meses “para fomentar el trabajo”. ¡Trabajo hay! Esta vez la crisis es con trabajo, con uno o con dos. No es una crisis marcada por la desocupación, sino de pobreza con salarios de mierda.

Sumando trabajadoras y trabajadores “esenciales” y de “importancia trascendental”, tenemos gran parte de la porción asalariada de la clase proletaria del país. Estos y el resto, asalariados o no, somos atacados con la brutal caída de salarios, ayudas y jubilaciones mediante la inflación.

La pérdida de derechos es relativa entre tanta precarización. La quita de derechos ya existe sin DNU y viene de gobiernos anteriores empujando a cada vez más proletarias y proletarios a la precarización: trabajos y alquileres sin contrato, por ejemplo.

Por otra parte, pareciera que el problema del DNU es su “inconstitucionalidad”: ¡no! Ese es el terreno legal y puede servir en lo inmediato para frenar todo esto. Pero no olvidemos que nuestra lucha, la lucha por nuestras necesidades, también puede ser ilegal y pasar por alto el Congreso. No es un argumento universalmente válido. Cuando el Derecho se vuelve el horizonte de los cambios sociales, incluso revolucionarios, es porque no trasciende la reproducción del propio modo de producción capitalista y sus formas políticas. Y se acaba discutiendo si es cierto que el DNU en realidad deroga leyes de Videla y Onganía, como bien hacen notar los defensores de Milei.

No vale corear la de “Milei basura, vos sos la dictadura” porque es democracia. No vale decir, cuando la democracia no gusta, que es una dictadura; es una arbitrariedad de mal perdedor. Los anteriores también gobernaron con decretos y el Estado existe para poner orden y reprimir, además de distribuir migajas. Sucede que hay cada vez menos migajas y eso incrementa directamente los palos. El jueguito discursivo está en dejar a la democracia limpia de culpa y cargo (para seguir con el lenguaje religioso-judicial), y lo que resulta desagradable ponerlo fuera, achacarlo a la dictadura. Malas noticias para los demócratas: no hay democracia sin represión, sin hambre, sin desempleo.

El problema con este DNU es su explícito contenido de clase. No es simplemente el “decreto de Milei”: es de la burguesía, y la burguesía no tiene partido. Claro que tienen conflictos de intereses entre diferentes sectores por sus ganancias, por cómo y cuánto explotarnos, pero no tenemos por qué tomar partido en esas contiendas.

Como clase explotada tampoco es necesario meternos en el debate “fiscal”, que es un enfoque burgués, adoptado, por ejemplo, por el nuevo ministro de Economía: «La génesis de nuestros problemas ha sido siempre fiscal», y anunció «si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación». Por eso es que buscan reducir los subsidios a la energía y al transporte, entre otras medidas de austeridad. «Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de estos subsidios (…) Pero estos subsidios no son gratis, se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación, son los pobres los que terminan financiando a los ricos», aseguró Caputo, que no está tan lejos de la verdad. La cuestión es dónde posicionarse ante esta realidad.

Cuando quitan los subsidios a las empresas de transporte de pasajeros sufrimos una nueva reducción del salario: pero como en otras ocasiones, no es tanto que el boleto sea caro sino que nuestra fuerza de trabajo es muy barata, baratísima. Lo mismo ocurre con los alquileres: en relación al precio de una vivienda los alquileres no son caros, lo son en comparación con nuestro salario. En el caso del subsidio al transporte se trata de un subsidio a los capitalistas. Eso no quiere decir que no nos beneficie de forma indirecta. Pero les permite a los burgueses pagar salarios más bajos (o al propio Estado, en el caso de las ayudas sociales). Si el Estado permite que gastemos menos en viajar (principalmente al trabajo o a diferentes actividades relacionadas con ello) nuestra fuerza de trabajo se abarata, lo cual beneficia a nuestros patrones, es decir, se beneficia la clase explotadora en su conjunto.

Así que, aunque suene paradójico, de diferentes maneras la quita de subsidios afecta a los burgueses del sector en particular y a sus trabajadores. La implicación recíproca que existe entre nuestra clase y el Capital no desmiente su carácter antagónico. De hecho, la reproducción de nuestras condiciones de vida está ligada a la reproducción del Capital, así mismo nuestras luchas.

En la otra vereda (y por la vereda) Guillermo Moreno, exponente del peronismo doctrinario, lo explica a su manera: «En el estatus quo estamos todos los que estamos en contra de esta revolución que pone al país patas para arriba. Y hoy ya empezaron a trabajar el movimiento obrero con los empresarios, se empiezan a encontrar dentro de una doctrina extraordinaria que es la peronista. Que no somos la lucha de clases, nosotros somos la armonía entre Capital y trabajo. (...) Y este decreto le pega al trabajo y le pega al Capital.»

Evidentemente el ajuste se garantiza con represión. Y supone un problema para quienes no fueron lo suficientemente domesticados o institucionalizados, o para quienes la situación los fuerza a salir a la calle pese a los llamados a la calma de años anteriores. El panorama es difícil, luego de años y años de debilitamiento a través de represión vía institucionalización e integración en la política burguesa.

El gobierno nos marea con amenazas mientras comienza a dar palos. Antiguo anhelo burgués, el “protocolo antipiquetes” presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación establece que las fuerzas policiales y de seguridad federales «intervendrán frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación». Para evitar los cortes de la circulación de mercancías y de la mercancía fuerza de trabajo por piquetes y manifestaciones callejeras, habilita a que las protestas se realicen solamente sobre las veredas.

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad podrá demandar judicialmente a «las organizaciones convocantes a las manifestaciones, así como a las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos». Además «se establece que las entidades perjudicadas podrán iniciar acciones de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados contra el patrimonio público y las personas». Ahí se entiende doblemente que «quien las hace las paga», como señaló Milei. A la cuenta del operativo de seguridad se le pueden agregar destrozos o limpieza de paredes pintadas. Y en caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria en la Argentina, se enviarán sus datos a la Dirección Nacional de Migraciones «a los fines pertinentes». Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. Y son ellos quienes redactan las leyes.

A esto hay que agregar la denominada “ley ómnibus”, que incluye un insólito requisito: si tres o más personas desean reunirse en un espacio público, deberán pedir permiso 48 horas antes al Gobierno. Y en caso de contar con ese certificado de aprobación, la reunión podrá realizarse siempre y cuando «no estorbe, impida o entorpezca el tránsito».

En paralelo, la ley ómnibus también impulsa la creación de una figura penal para «quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad», los cuales «serán reprimidos con prisión de 2 a 5 años, estén o no presentes en la manifestación o acampe». La intención parece ser la de sumirnos en un estado de excepción permanente, dentro de la normalidad capitalista. Como durante la declaración mundial de la pandemia.

La burguesía, nacional o extranjera, nos explota y nos oprime de diferentes maneras. Tengamos o no trabajo. De cualquier género, de todos los colores y diferentes capacidades.

La nueva oposición notifica: «Milei prende la maquinita y el gobierno emite dos billones para pagar deuda y gastos. La cifra equivale al plan platita de Massa que incluyó bonos para jubilados y desocupados, devolución del IVA, y los beneficios impositivos para montributistas y asalariados registrados.» Pero a nosotros de nada nos sirve seguir insistiendo en que el problema es la emisión, que no es solo causa sino principalmente consecuencia del malestar económico en este territorio. De hecho, con la devaluación brusca del peso se licúa su valor real vía inflación, y esto es mucho más importante que la cantidad de pesos circulantes (valor nominal) y las emisiones.

El actual descontento se percibe como un problema de la economía nacional, desconectado de la mundialidad del modo de producción capitalista, un ombliguismo típicamente argentino. No se percibe un horizonte que vaya más allá del de la nación y sus individuos. No se perciben problemas estructurales.

La reducción nacionalista canta insistentemente “la patria no se vende”, dejando el “que se vayan todos” a los partidarios del nuevo gobierno. El espontaneísmo político convive con el fervor electoralero que de espontáneo no tiene nada, sirve de furgón de cola del kirchnerismo y además exige paro a la CGT avalando, de esa manera, todas las instituciones burguesas que contribuyen a nuestra explotación.

Este nuevo pacto democrático nos dice que de esta “se sale votando”. Entonces toda resistencia es una campaña permanente. Solo de esa manera se le puede pedir coherencia a Milei para dejarlo en falta frente a sus votantes (?). ¿Por qué pedirle a Milei que cumpla con su promesa de que la crisis la pague la casta? ¿Para qué pedir a la CGT? Aún considerándolos traidores, ¿traidores de clase?, si son parte de la burguesía explotadora. Ya no solo por sus propuestas ideológicas de conciliación trabajo-capital sino por su posición social objetiva: burgueses. ¿Qué sentido tiene para nuestra clase defender la patria? ¿Y a la burguesía nacional? Se parece a la teoría del derrame de los liberales: “si a la burguesía y al país les va bien, a nosotros también".

No existe algo así como la casta: no hay castas, ni clase política, porque las clases se definen en relación a la explotación y no a las ideologías. Un burgués pude decir todo lo que se le antoje, pueden tomar sus frases y hacerlas bandera pero lo que lo define es su rol en el antagonismo social. Así mismo, las crisis de la sociedad capitalista se producen por su propia dinámica que luego gestiona cada gobierno a su manera. A la propuesta impotente de que la crisis la paguen los ricos, como profesaba la izquierda, ahora directamente se propone que la pague un sujeto inexistente como la casta.

Las crisis empobrecen al proletariado y bajan el nivel de vida de cada una de sus sectores: degradación de las condiciones laborales, reducción del precio de la fuerza de trabajo, aumento del desempleo, empeoramiento en la vivienda, la salud, la educación. Estas condiciones no disparan necesariamente la solidaridad y la lucha porque no se trata de un mecanicismo de la historia o de “cuanto peor, mejor”.

Las crisis preparan una entrada desfavorable para el proletariado en el nuevo ciclo económico. Con abundante mano de obra deseando trabajo en las condiciones que sea, con unos sueldos bajos y aspiraciones más bajas que el ciclo anterior. Eso puede explicar por qué estamos cada vez peor, por qué hay cada vez menos respuesta colectiva y masiva frente a estos atropellos. Quien ingresa al mercado laboral ya ni pretende estar en blanco, como el de la generación anterior no aspiraba al auto-familia-vacaciones, o su antecesor a la casa que otros sí pudieron comprar trabajando.

Como vemos, no se trata de volver atrás o hacer deseable el pasado del llamado “Estado de bienestar”. Se trata de advertir los cambios en la sociedad capitalista: en lo relativo al trabajo, a la identidad obrera, a la división sexual, al capacitismo, al nacionalismo, a la familia, a la religión y al racismo. Elementos puestos en cuestión por los movimientos sociales, así como por las propias dinámicas capitalistas.

Es momento de explorar nuevas perspectivas, nuevas maneras de luchar. Más allá de la patria, del Estado, de la democracia, de la lógica de la mercancía, de los partidos políticos y de los sindicatos.

Ya es hora de señalar la insistencia con “la calle” como receta mágica. La lucha está en las calles, pero no solamente. Habrá quienes dirán que hay que “radicalizarlas”, es decir tirar piedras y enfrentarse con la policía. Esta es una buena ocasión para preguntarnos además: ¿qué lucha? ¿La que quiere hacer volver al gobierno anterior? ¿La de fogonear un nuevo líder de la democracia representativa? ¿Refundar el sindicalismo? ¿Confiar en los movimientos sociales completamente integrados a la normalidad capitalista?

Uno de los posibles futuros condensadores de la rabia actual es Juan Grabois, católico, de discurso contundente y peronista obediente. Pretendido representante, ya no de la masa obrera sino de la masa precarizada que denomina “economía popular”. Hace pocos años atrás fue clarísimo: «Hay que dejar de pensar que el problema de la conflictividad social en argentina somos los movimientos sociales. El Polo Obrero hoy está conteniendo 60 grupos que si no estuvieran desfilando por la 9 de julio estarían haciendo cosas peores. Ustedes no entienden lo que nosotros hacemos por la paz social en este país, no lo dimensionan».

La forma de organizarse, los métodos y los fines de muchos de los movimientos sociales, no solo son reprimidos por el nuevo gobierno, perdieron credibilidad para las personas explotadas de esta sociedad. Ahora se los pone en cuestión por derecha, desde el Estado, pero es un secreto a voces su clientelismo, las tomas de asistencia en las manifestaciones, lo vemos hace décadas. Para muchos hermanos de clase no es más que un laburo y para otros no es una alternativa válida de protesta.

¿Qué decir del sindicalismo? No se trata de que sea corrupto o sus representantes sean inútiles o avaros. No sirve, no solo para la emancipación de las trabajadoras y trabajadores, siquiera en lo inmediato para defendernos. Solo sirve para mantener la armonía entre explotadores y explotados, para que los primeros ganen todo lo que puedan sin olvidar que sus ganancias dependen de nuestra supervivencia.

Habrá quien quiera leer en esto desesperanza o nihilismo. Para nosotros es todo lo contrario. Puede abrirse una posibilidad para explorar y experimentar nuevos métodos, nuevos encuentros y desencuentros, nuevos horizontes. Más allá de las mezquindades de lo normal e impuesto. El año electoral significó una gran pausa a la conflictividad social y la reflexión crítica, pero estos cambios obligan a replantear todas las cuestiones, un balance de las luchas en curso. Es momento de insistir con la necesidad de ruptura.

El fenómeno Milei se apoya en un desprecio a la política tradicional que no es cuestionada como política, en un alto grado de conformismo y confianza en la representatividad y en el “sálvese quien pueda” capitalista. Por su lado, toda la política “progre” continúa encargándose de borrar la ruptura como alternativa, como posibilidad. Es cada vez más nacionalista, estatista, gestionista de lo existente. Ese viene siendo el rol de los partidos políticos que se pretenden representantes de la clase proletaria, mientras que otros como el gobierno actual sinceran su rol como defensores de la burguesía, y cuentan con trabajadores adeptos frente al fracaso del progresismo.

Partiendo de las luchas actuales y las transformaciones de las últimas décadas de la dinámica capitalista a nivel mundial, prestamos atención a sus manifestaciones locales y las posibilidades que estas suponen. En primer lugar, la reproducción masiva de fuerza de trabajo en condiciones de absoluta precariedad, con grandes niveles de desempleo y pobreza. Esto se evidencia como una gran dificultad para el Capital. Por lo pronto, logra sortearla a través de grandes redes de asistencialismo estatal. Veremos cómo continúa esta cuestión ante este nuevo panorama de ajustes violentos.

Otro aspecto fundamental es el de las luchas de mujeres y disidencias, atendiendo en el análisis a los cambios en la división sexual en el capitalismo. Más allá de las políticas centradas en el plano de reconocimiento identitario, señalamos la imposibilidad del capitalismo por dar respuesta a muchas de las problemáticas que se han puesto de manifiesto. Desde una perspectiva revolucionaria ha quedado suficientemente en claro que no es posible abolir las clases sociales sin abolir la división de género y que, por tanto, no es posible abordar un tema sin el otro.

En las luchas en curso también nos encontramos con la cuestión medioambiental. La economía argentina se basa fuertemente en la producción primaria, tanto agropecuaria como minera. De esta depende en gran medida la reproducción de buena parte de la fuerza de trabajo a través del Estado. Este tipo de producción no se puede relocalizar cuando es rechazada por la población. Apostamos por asumir estas profundas implicancias de la lucha, en oposición al supuesto capitalismo verde y a la defensa del territorio como “recurso nacional”. Esto puede volver a dar impulso a las luchas de quienes se identifican como pueblos originarios. Y necesariamente incrementará la lucha antirrepresiva ante los embates de la fuerzas de seguridad.

Evidentemente, la lucha por salarios y mejores condiciones de trabajo continúa siendo fundamental, pero no es la única y se articula con las demás. Ya no es posible pensar los problemas aisladamente.

En resumen, nos referimos a varios planos de la lucha de clases actual, que exceden al mero ámbito de la producción y ponen en cuestionamiento la reproducción capitalista en su conjunto. La posibilidad de una ruptura revolucionaria está latente en esas luchas y expresa un camino a seguir, aunque por el momento se imponga con fuerza la pacificación democrática. No proponemos un cambio de hoy para mañana, pero hay que comenzar. Lo utópico es esperar mejoras de representantes burgueses.

Contra el liberalismo y todas las variantes de la sociedad capitalista. Por el comunismo y la anarquía.