Adhieren a la huelga: Monica Caballero, Andrea Urzua, Rodolfo  Retamales, Felipe Guerra, Camilo Perez, Carlos Riveros y Francisco Solar  
Comunicado:
  
El 14 de Agosto de 2010 el Ministerio Público por medio de la Fiscalía  Metropolitana Sur emana una serie de órdenes de detención y  allanamientos, aplicando todo el terror Policial a casas particulares y  centros culturales, que arroja la detención de 14 personas en esta razia  represiva y comunicacional, conocida mediáticamente como "caso bombas".  Todos acusados de pertenecer a una supuesta asociación ilícita  terrorista creada en la irracional mente de algunos "profesionales del  derecho" y que hoy nos mantienen tras las rejas.
  
Aproximadamente hace cinco años se inicia la investigación del mediático  "caso bombas". Así durante el gobierno de Bachelet, el estado destinó  tres fiscales con dedicación exclusiva con el objeto de esclarecer la  autoría de cada uno de los bombazos colocados a estructuras financieras,  policiales, de servicio público u otras. En este tiempo se recopilaron  más de 43 tomos con datos aportados por fuentes policiales, peritos  criminalísticos, testigos protegidos, declaraciones, vigilancia a  hogares, seguimientos a sospechosos y su entorno familiar,  intervenciones telefónicas y allanamientos a hogares y bibliotecas  populares (todos ellos los mismos lugares en que irrumpió la policía la  madrugada del 14 de Agosto de 2010).
  
Con todo este material ningún fiscal ni juez tomó la decisión de  encarcelar a nadie. La evidencia aportada no es suficiente, es difusa y  no permite identificar a los responsables de la colocación de bombas.  Incluso el fiscal Xavier Armendáriz declara ante las ansias de  resultados por parte del Ministerio del Interior de la época que "...es  necesario actuar con cautela investigativa ante lo débil de las  pruebas..." más aún cuando los "...autores de los bombazos no integran  células violentistas propiamente tal, sino que se trata de grupúsculos  sin orgánica, ni cabecillas..." (Emol 27 noviembre 2009).
  
Toda esta manera de actuar en derecho cambia el 14 de Junio de 2010 al  ser removido de su cargo Armendáriz, producto de presiones de Ministro  del Interior Rodrigo Hinzpeter hacia el fiscal Nacional Sabas Chahuán.  Así entra en escena el fiscal Alejandro Peña, descrito por el diario La  Tercera como "...una paradoja ambulante, la que resulta de la fusión en  un solo ser de la burocracia judicial y policial con la fantasía de un  prestidigitador". Con esta presentación el montaje comienza.
  
El fiscal desarrolla una nueva estrategia sin reparar en los costos  humanos que este accionar conlleve. Si antes los fiscales que le  precedieron no pudieron reconocer, ni identificar orgánicas definidas,  el fiscal se preocupó de inventarlas y buscar por todos los medios hacer  que las piezas calzaran en su nueva "línea investigativa". Estructurar  la famosa asociación ilícita con cabecillas los cuales no se hablaban en  años; ejecutores que ni se conocían y lo más gracioso financistas  europeos!!, como si 950 euros enviados en una ocasión a uno de los  imputados fuera una gran remesa para acciones subversivas (casas de  seguridad, autos, armas, documentación falsa, etc. ). Cuanta imaginación  de este personaje, incluso inventaron nexos entre uno de los supuestos  cabecillas con el paquistaní detenido en la Embajada de Estados Unidos  por supuestas trazas de TNT y posteriormente puesto en libertad a pocas  semanas.
  
Finalmente la fantasía ayuda a la planificación de esta "novedosa  estrategia", sobre todo con la campaña mediática, informativa y  comunicacional desplegada por los medios oficiales de la información que  comienzan a entregar datos de los supuestos sospechosos de colocación de  artefactos explosivos, lugares que frecuentan, perfiles de supuestos  líderes, etc. Los dardos apuntan a personas vinculadas a espacios  sociales, canales y radios comunitarias, estudiantes que adscriben a  ideas libertarias, ex presos políticos y todos reconocidos críticos del  modelo neoliberal y solidarios con la lucha de los pueblos, en especial  con la llevada a cabo por el mapuche en su anhelo por mantener su  identidad, cosmovisión y territorio. No se persiguen actos si no ideas,  relaciones de amistad, bibliotecas autónomas, casas okupas y espacios de  cultura, arte y de encuentro comunitario.
  
Una vez diseñado el escenario teatral, sus protagonistas y  correspondientes características físicas y psicológicas, con la opinión  pública perfectamente moldeada, el golpe represivo se desata; para  entonces habían transcurridos 2 meses desde que asume como director del  montaje jurídico policial Alejandro Peña. Con las mismas carpetas, los  mismos diálogos, lugares, actores y un remozado guión incriminatorio el  espectacular operativo copa los canales televisivos la mañana del 14 de  Agosto de 2010.
  
Luego de nuestra detención la fiscalía solicitó tres días para  formalizarnos de los hechos acusatorios, situación que en la práctica  debiera realizarse el mismo día de nuestro arresto. Posteriormente  solicita un plazo de 180 días (6 meses) de prisión preventiva hasta el  cierre de la investigación, plazo que finalizó el 14 de Febrero de 2011,  día en que se nos notifica que la fiscalía nos someterá a una nueva  formalización el 16 de Marzo de 2011, todo esto enrarece aún más este  juicio. Nada nos dice que Alejandro Peña solicite 6 meses más como plazo  para armar su puzle policial. En estos largos meses no sólo hemos permanecido 22 horas diarias en  celdas individuales de 2 x 3 metros, visitas 1 vez a la semana con  nuestros familiares durante tres horas en reducidos espacios sin luz  natural, sino que también hemos vivido en carne propia la tortura de los  funcionarios del estado. Como muestra de lo ocurrido, el 8 de octubre de  2010 profesionales del Servicio Médico Legal más agentes de LABOCAR,  DIPOLCAR y gendarmes extrajeron violentamente muestras de ADN a cada uno  de los imputados, para ser contrastadas con las muestras recogidas en  los lugares de los bombazos. Esta "prueba científica" no arrojó ninguna  relación entre nosotros y lo hallado en los lugares de los sucesos.
  
Por otro lado, somos testigos de cómo las evidencias almacenadas en las  carpetas investigativas sólo se afirman en conjeturas policiales basadas  en amistades, lazos familiares o concurrencia a marchas públicas,  actividades político culturales y tocatas; y aún así en este continuo  supuesto, cabe señalar que entre todos los imputados no nos conocíamos  hasta el día de nuestra detención, por lo que es imposible que  conformemos alguna supuesta "asociación terrorista", menos aún una  organización.
  
Cabe señalar que en ninguno de los allanamientos realizados se encontró  ningún tipo de evidencias ni material para la fabricación de artefactos  explosivos, tampoco existen pruebas dactilares o filmográficas que  inculpen a ninguno de los imputados.
  
Ante los vicios y aberraciones judiciales, carpetas secretas,  intervenciones telefónicas a nuestros abogados, la continua utilización  de testigos protegidos con antecedentes psiquiátricos como Rodrigo Vera  Morales y Gustavo Fuentes Aliaga y por todo lo anteriormente expuesto  hemos decidido comenzar una huelga de hambre de carácter líquida desde  las 00:00 horas del 21 de Febrero de 2011 exigiendo:
  
1.- LIBERTAD INMEDIATA
  
2.- TÉRMINO DEL MONTAJE JURÍDICO POLICIAL
  
3.- FIN A LA LEY ANTITERRORISTA HEREDADA DE LA DICTADURA Y PERFECCIONADA  POR LA DEMOCRACIA
  
4.- FIN A LOS PLAZOS INVESTIGATIVOS Y REALIZACIÓN INMEDIATA DE UN JUICIO  JUSTO.
  NO MÁS MONTAJES MEDIÁTICOS, JURÍDICOS Y POLICIALES!!!
  
LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS POLÍTICXS CHILENXS Y MAPUCHE!!!
Mas info: libertadalos14a.blogspot.com