CORRESPONDENCIA DESDE COLOMBIA

Anónimo. Recibido y publicado por Biblioteca Alberto Ghiraldo
Rosario, Argentina. Primer semana de mayo de 2021

La olas de protestas actuales inicia desde el 28 de abril donde se inició el paro en ocasión a una reforma tributaria con la intención de tapar el hueco fiscal del Estado y evitar que la deuda externa del país tenga más puntos en las calificadoras de riesgo, lo cual subiría la inflación. De lo que no se habla es de que la deuda del país pertenece a los grupos empresariales, banqueros, empresas de infraestructura, lo cual se reduce a los ricos del país, que son quienes no pagan impuestos.

Esta reforma buscaba gravar con el IVA del 19% un producto de uso básico y servicios básicos en un país donde el 43% de la población sobrevive con menos de un sueldo mínimo y come entre una o dos veces al día; donde el gobierno ha gastado dinero en 23 camionetas para su esquema de seguridad 9.600 millones de pesos, 18 tanquetas para las fuerzas represivas por 12.000 millones de pesos, 24 aviones de guerra f16 por 14 billones de pesos; donde el programa periodístico que el presidente emite todos los días para lavar su imagen cuesta 3.200 millones de pesos. Todo esto sin contar los robos por sobrecostos en la compra de mercados por parte de alcaldías y gobernaciones en muchas partes del país para la asistencia a las familias en crisis; sin contar con el pago de los auxilios de pandemia a personas inexistentes y muertxs; con el dinero destinado a la salud que se queda en las arcas de las empresas privadas, en un país donde 50 billones de pesos anuales se pierden en corrupción. Esto lo hace el segundo país más desigual de la región después de Haití.

Por esto inicia la protesta en la actualidad y se sale a las calles masivamente. No es sólo la reforma tributaria; es la reforma al sistema de salud que fortalece el sistema privado de salud, la tercerización de los trabajadores de salud, la crisis en el sistema pensional, el asesinato de defensores y activistas de derechos campesinos, indígenas, afros, ambientalistas, desplazados, mujeres (630) y excombatientes firmantes del acuerdo de paz (272), el asesinato el 4 de marzo de 14 menores víctimas de reclutamiento forzado por parte del bloque 1 (no desmobilizado) de la extintas FARC por bombardeo del ejército encubierto por el gobierno, el asesinato de 7 menores también en un bombardeo del ejército en Caquetá el 2 de septiembre del año pasado, la denominada “Masacre de Bogota”, la noche de protestas del 9 de septiembre en Bogotá con el asesinato de 12 jóvenes a raíz del asesinato de José Ordoñez por parte de la policía, la masacre de la cárcel La Modelo, donde fueron asesinados a manos de la guardia penal y el ejército 24 presos y donde hubo 80 heridos entre el 21 y el 22 de marzo de 2020 (protestas iniciadas por la falta de garantías de atención médica en ocasión de la pandemia, lo cual generó una crisis en todas las cárceles del país), el desplazamiento forzado de 27.431 personas en lo que va del 2021 por cuenta de actores armados legales e ilegales asociados al narcotráfico, la reanudación de la fumigación con glifosato en la zonas rurales del país, el imcumplimiento de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC y un largo etcétera. Todo esto es lo que exacerba la protesta, consecuencia de la medida inoperancia del gobierno que mantiene los intereses de una clase política que se ha valido del paramilitarismo y el narcotráfico para posicionarse en el poder desde la llegada de Uribe Velez en el 2001 y sus candidatos presidentes. Eso representa el partido del gobierno de ultraderecha: una mafia narco-paramilitar, funcional a los intereses del capitalismo, de los terratenientes y banqueros, quienes se han beneficiado de los últimos 70 años de guerra interna.

El trato de guerra a la protesta obedece al miedo que ejerce el pueblo a los que controlan los privilegios, el crecimiento de la pobreza y la urbanidad de la población, resultado del empobrecimiento generado por los intereses de los ricos, y evidencia el postulado principal del escrito de “el ejército en las calles”. Lo vemos con el trabajo de exterminio coordinado entre los comandos de operaciones especiales de la policía (GOES), el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y los grupos de operaciones urbanas del ejército. El fin es controlar a los pobres de manera sistemática porque los ricos tienen miedo, y el control se ejerce de la única manera que saben: construyendo terror a través de masacrar al pueblo. Ya sabemos quién dio la orden de masacrar la protesta desde Twitter: fue Uribe, al decir que se debía apoyar el derecho de policías y soldados de utilizar armas contra el terrorismo y el vandalismo.

Inmediatamente su títere Duque decretó la “asistencia militar” en las ciudades. Desde el día 3 de mayo se militarizó Cali, la ciudad más empobrecida en esta pandemia, y que presentó enfrentamientos en diferentes sectores populares de la ciudad. El mando de la ciudad fue tomado por el general Zapateiro, el aeropuerto es manejado por militares y la acción genocida inicia desde ese día principalmente en los barrios Siloe (histórico barrio popular habitado en su mayoría por población afro que ha venido desplazada desde el Pacífico por la guerra) y el barrio Puerto Resistencia (Puerto Rellena), al sur de Cali. Se ha cortado el suministro eléctrico en la noche, se ha bloqueado la señal de Internet para que la gente no pueda mostrar la masacre continua que se está realizando. Al 4 de mayo son 31 lxs asesinadxs por armas de fuego en todo el país, 814 detenciones arbitrarias, 10 víctimas de violencia sexual, 21 victimas de agresión en los ojos, 216 víctimas de violencia física. Estos son datos que han logrado verificar las organizaciones de DDHH, las cuales también han sido perseguidas y tiroteadas por la policía.

La militarización durante la protesta es más evidente al día de hoy, 5 de mayo, en las ciudades más grandes al suroeste de Bogotá. El ejercito utilizó helicópteros para movilizar tropas en Bosa, Kennedy. Se creó un centro de detención y tortura en el Portal de las Américas (terminal de transporte de transmilenio). Al igual que en Cali, cortaron la luz eléctrica y empezaron a disparar contra la población. Se están bloqueando los medios de comunicación de las organizaciones de DDHH y de víctimas para ocultar lo que está  pasando, y se inicia la persecución sistemática de todxs.

En Medellín el sector de extrema derecha está llamando a marchar en contra de la protesta y a favor de defender al ejército y la policía. Hay llamamientos de activistas de ultraderecha a salir armados a las calles para “defender la democracia”.

El tema es que ya nadie se come el cuento. En todos los rincones del país hay movilización. Desde Leticia en el punto más sur de la Amazonía hasta la Guajira en el Caribe. Todxs salimos a protestar. Poco a poco se van organizando los comités de apoyo y de protesta. Hemos visto en estos días que la esperanza está en las calles y la hacemos entre todxs.

Es necesario que poco a poco se geste una discusión desde la movilización sobre qué se quiere con el paro, pues el problema es estructural y no se resolverá con el cambio de politicas, ni de títeres de la burguesia. La gran mayoría que está en las calles comprende que el problema es el capitalismo. ¿Pero hasta qué punto asumimos esta lucha?

Con una juventud sin futuro y siendo esta “patria” una fosa común oculta por más de 200 años bajo la máscara de la democracia, es necesario desenmascarar totalmente al poder, para trascender mas allá de la protesta en una sociedad dominada por la ultraderecha y construida por la guerra.

Más que nunca, es en este momento urgente la solidaridad, la movilización y la denuncia de lo que está pasando actualmente. Por esto lxs invitamos a movilizarse en solidaridad con la protesta en Colombia y a evidenciar la masacre ordenada por Álvaro Uribe.

En Colombia todas las noches son la Noche de los Lápices.