Partido Comunista Internacional (El Proletario)
13 de octubre de 2021
Desde hace algún tiempo, las organizaciones de extrema derecha, entre las que se encuentra "Forza Nuova", una conocida formación fascista, se están movilizando, tratando de ponerse a la cabeza del heterogéneo movimiento unido por la oposición a las medidas restrictivas con las que el gobierno ha caracterizado, en un breve periodo de tiempo, su "lucha contra el Covid-19", que finalmente se ha centrado en la vasta campaña de vacunación formalmente "no obligatoria", pero de hecho impuesta a todos los niveles, como ha demostrado ampliamente la introducción del pasaporte Covid.
Estas medidas han previsto sanciones cada vez más duras contra quienes no se vacunen, empezando por los médicos y las enfermeras, siguiendo por el personal escolar y los estudiantes, y finalmente, con el último decreto, la suspensión de los salarios de todos los trabajadores que no tengan el pasaporte Covid, obligatorio desde el 15 de octubre para acceder al trabajo, actualmente hasta el 31 de diciembre de 2021, día en que expira el estado de emergencia decretado por el Gobierno. Es una multa vejatoria contra los trabajadores que no se vacunan, no porque tengan miedo a la inyección, no porque sean no-vax por principio, sino porque expresan con esta negativa una profunda desconfianza en la gestión de la pandemia y de la sanidad por parte del gobierno, en un sistema de imposición dictado por los intereses económicos de las grandes multinacionales químico-farmacéuticas y porque perciben en estas medidas un mayor control social por parte de la clase dominante.
Los trabajadores en Italia, según las estadísticas que incluyen tanto a los asalariados como a los autónomos (es decir, los números de IVA) son unos 23 millones. De ellos, más de 5 millones y medio (datos de las estadísticas oficiales publicadas el 8 de octubre), no han sido vacunados. La presión del Gobierno para que el 80% de la población estuviera vacunada antes de septiembre (resultado que no se ha conseguido) y el 100% de la población vacunada (como se acordó en 2014 con las instituciones internacionales) antes de final de año, ante la amplia oposición de gran parte de la población a la vacunación, se ha dotado de un medio de chantaje adicional consistente en la suspensión de los salarios de todos los trabajadores que no quisieran vacunarse. Vincular esta medida a la congelación simultánea de los despidos de estos trabajadores es una pista falsa con la que se pretende engañar a los trabajadores por enésima vez: ¡es la zanahoria prometida tras el fuerte varapalo!
En varias ciudades, y especialmente en Roma y Milán, varios miles de personas salieron a la calle el sábado 9 de octubre para manifestarse contra el pasaporte Covid.
Lo que causó revuelo ese día fue el asalto a la sede nacional de la CGIL en Roma por un grupo de militantes de "Forza Nuova" apoyados por unos mil manifestantes. Enseguida quedó claro que este asalto había sido organizado, al igual que una iniciativa similar dirigida al Palazzo Chigi, el edificio del gobierno. Mientras que los pocos policías que había a la entrada de la sede de la CGIL fueron superados con facilidad y las oficinas internas de la CGIL quedaron destrozadas, el Palazzo Chigi estaba algo mejor vigilado y los manifestantes no pudieron entrar.
Por supuesto, todas las fuerzas democráticas en el gobierno gritaron "no a la violencia, venga de donde venga"; hubo quienes advirtieron contra el fascismo que asoma la cabeza, quienes equipararon la violencia fascista con la de los manifestantes del no-TVA y el no-VAX, y quienes intentaron establecer un paralelismo entre los manifestantes de la derecha en Roma que gritaron "no gren pass" y los manifestantes dirigidos por los sindicatos de base que gritaron "sindicatos servidores de la patronal". También hubo invectivas contra el gobierno y el Ministro del Interior en particular por no haber previsto los disturbios, dado que en la plaza de Roma había militantes de Forza Nuova y sus dirigentes que eran bien conocidos por la policía.
En respuesta a la violencia de las medidas gubernamentales resumidas en el "pasaporte Covid", la multitud pequeñoburguesa, llena de ira e impulsada por un malestar generalizado, interesada en involucrar al proletariado en sus protestas, se dirigió a golpear los símbolos que representaban esa violencia: el edificio del gobierno y el principal sindicato italiano, aprovechando la imposición del pasaporte Covid también para todos los trabajadores.
¿Por qué atacar la sede nacional de la CGIL en Roma? La CGIL, junto con los otros sindicatos CISL y UIL, se ha puesto inmediatamente del lado del gobierno en la campaña de vacunas y en el establecimiento del pasaporte Covid, comparte las mismas motivaciones de Confindustria y del Gobierno en la campaña de vacunas, porque comparte plenamente el objetivo de la recuperación económica y el reinicio de la máquina del beneficio capitalista, no ha organizado ninguna huelga contra la suspensión de los salarios de los no vacunados, exigiendo en cambio un pacto con el gobierno y tampones gratuitos para los trabajadores no vacunados. Los sindicatos han sido totalmente coherentes en su labor colaboracionista y antiobrera, que vienen realizando desde la Segunda Guerra Mundial, reduciéndose a matones con mono de trabajo al servicio de los capitalistas y del poder burgués. Los sindicatos de base tienen toda la razón al llamarlos siervos de la patronal; al mismo tiempo, la extrema derecha tiene fácil señalar al triple sindicato como corresponsable de la imposición del pasaporte Covid en general, pero, al apuntar su violencia en particular al sindicato más importante, la CGIL, pretende amenazar de antemano al proletariado si quiere reaccionar con independencia de los sindicatos colaboracionistas en sus acciones de lucha y huelga. En realidad, el ataque a la CGIL no está motivado por el hecho de que sea un sindicato "de clase", como lo fue la CGL de 1921-22, que organizó al proletariado italiano en el terreno de la lucha de clases, haciéndolo permeable a la influencia del partido comunista revolucionario en la lucha por la revolución, sino que es un sindicato colaboracionista que se baja demasiado los pantalones y no defiende la "libertad de elección" de los ciudadanos, ya sean obreros, patronos o terratenientes.
Evidentemente, las fuerzas parlamentarias de izquierda y centro han lanzado sus gritos contra el "fascismo", contra el "escuadrismo", alabando la democracia y la Constitución, convirtiéndose así, por enésima vez, en altavoz de los intereses de la conservación social. Pero las mismas fuerzas parlamentarias de la derecha, la Liga y los Fratelli d'Italia en particular, se sienten obligadas a "hacer de toda la hierba un fardo", es decir, a declarar estar en contra de "toda" la violencia "que provenga de "cuatro imbéciles" y de "unos cuantos delincuentes" (Salvini), o de "los delincuentes que utilizan cualquier pretexto para ejercer una violencia grave e inaceptable" (Meloni), o de los anarquistas insurrectos o del No-Tav. El estribillo habitual "contra toda violencia" -pero no la del Estado, que en cambio debe considerarse legítima e incuestionable- es cantado de vez en cuando por cada grupo de políticos cobijados bajo las grandes alas del Estado del que dependen sus privilegios de casta, salvo para agitar las tinieblas y obtener un excedente de beneficios y medios de presión para fines privados.
Los proletarios no deben dejarse engañar por el clamor de un "antifascismo" destinado a apretar aún más las cadenas del trabajo asalariado a las exigencias cada vez más apremiantes de la ganancia capitalista; no deben dejarse engañar por los cánticos de pacifismo y de colaboración interclasista cuando la clase dominante, a través del Estado y de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales en su defensa, muestra constantemente su desprecio por la vida de los trabajadores asalariados: la demostración más llamativa son los accidentes y muertes en el trabajo por la sistemática y perenne falta de medidas de seguridad; sólo en los ocho primeros meses de 2021, según el Inail, se registraron 349 accidentes.449 (+8,5% respecto al mismo periodo de 2020) con nada menos que 772 casos mortales, es decir, ¡¡¡3 muertes al día!!!, y no de Covid-19, sino de explotación del trabajo asalariado.
Desde el principio de la pandemia quedó claro que la acción del gobierno burgués -en todos los países- trataba, por un lado, de amortiguar de alguna manera una situación que se agravaba de mes en mes y a la que se enfrentaba de forma caótica y contradictoria, y por otro, de adoptar rápidamente medidas para salvar la economía nacional y su capacidad de afrontar, si no vencer, la competencia de las economías de otros países. Para defender los intereses de la economía nacional, sumida en una crisis más profunda por la pandemia, el gobierno -que no es sorprendente que equipare la situación con una situación de "guerra"- tuvo que doblegar al proletariado a las necesidades inmediatas del capitalismo nacional. Los capitalistas sabían perfectamente que la crisis económica, que también se había agravado socialmente como consecuencia de la pandemia, podía empujar a las masas proletarias a la revuelta porque sus condiciones de vida y de trabajo, que ya se habían deteriorado considerablemente en la última década, se harían aún más duras. Los despidos, y por tanto el desempleo, aumentan, al igual que la inseguridad laboral, el trabajo mal pagado y el trabajo no declarado. Y a pesar de la paralización de muchas actividades como consecuencia de la "lucha contra la propagación de la infección por el coronavirus" y del cierre de un gran número de empresas, otras siguieron trabajando a pleno rendimiento, sometiendo a sus trabajadores a ritmos de trabajo y riesgos cada vez más severos.
La crisis económica -aparte de la tan cacareada "recuperación" de los últimos trimestres- también ha arruinado a una parte nada despreciable de la pequeña burguesía, en los sectores clásicos en los que desarrollan sus actividades (restauración, deporte, turismo, espectáculos, conciertos, pequeña distribución), sectores que inexorablemente han recibido un varapalo. Y, como suele ocurrir, son estos estratos sociales los que, a través de los partidos que manifiestan su descontento, son los primeros en expresar su enfado por su propia ruina social. Cólera que les une y les empuja a salir a la calle; cólera que se extiende también a algunas capas proletarias que, al no encontrar cauces de clase en los que canalizarla, se unen a la pequeña burguesía que, a menudo, es también su "patronal". Por otro lado, es la propia pequeña burguesía la que trata de involucrar al proletariado en su protesta porque necesita reforzarla y mostrar que es "el pueblo" el que se manifiesta y pide al gobierno y a los poderes económicos que le salven de la ruina.
Pero el proletariado, como asalariado, como trabajador no cualificado, cuya vida está a merced de un mercado en el que las desgracias van todas a parar a las clases trabajadoras y los beneficios y privilegios a las clases ricas y adineradas, no tiene ningún interés que compartir con los pequeños burgueses, y mucho menos con los grandes burgueses. Sus intereses inmediatos, y sobre todo históricos, como clase productora de la riqueza general de la que se apropia exclusivamente la clase burguesa dominante, responden a un antagonismo social que no han inventado, pero que es generado por el modo de producción capitalista y que es explotado política y socialmente por la clase dominante para aplastar al proletariado en una sumisión perpetua a las exigencias del beneficio capitalista. La clase burguesa dominante tiene tanto el poder económico como el político, representado por el Estado, y por tanto el poder social; poderes que utiliza para defender exclusivamente sus propios intereses de clase contra los intereses de la clase obrera. De esta manera la lucha antagónica es sistemáticamente librada por la clase burguesa contra la clase proletaria, y estas últimas medidas lo demuestran por enésima vez. Para que la lucha antagónica del proletariado tenga la fuerza de responder en el mismo terreno y con los mismos medios violentos que la clase dominante burguesa, debe contar con la organización de clase independiente del proletariado, que aún está por reconstruir, pero que surgirá inevitablemente de la resistencia que los proletarios logren oponer a la presión y represión burguesa progresiva. Una lucha en la que los proletarios tendrán que luchar contra la competencia alimentada a propósito entre ellos por los capitalistas y las fuerzas de colaboración interclasista, separando los objetivos y los medios de la lucha de clases de los de las capas sociales pequeñoburguesas que influyen en el proletariado por su contigüidad social: capas sociales que, sin embargo, se rebelan contra "el sistema", contra la "política gubernamental" sólo cuando corren el riesgo de caer en la proletarización y perder su posición social y sus privilegios. Los proletarios que se dejan arrastrar a la rebelión pequeñoburguesa pierden no sólo su orientación de clase -la única gracias a la cual es posible defender sus intereses inmediatos- sino también la fuerza que potencialmente poseen precisamente por ser asalariados, por ser productores de riqueza general y, por tanto, de beneficio capitalista.
La democracia, el reformismo, la colaboración de clases, son armas políticas que la burguesía utiliza para mitigar un antagonismo social que el propio modo de producción capitalista genera constantemente -y que la burguesía reitera en cada acto y en cada actividad en todas las situaciones especialmente las más graves-; un antagonismo que puede potencialmente poner en movimiento a las masas proletarias especialmente cuando las condiciones de existencia y de trabajo se vuelven insoportables.
Es a este movimiento social al que teme la burguesía, al despertar del proletariado como clase asalariada, a que actúe reconociendo que el antagonista social no es el inmigrante ilegal, el parado que por desesperación prende fuego a los cubos de basura, o los proletarios del país señalado como "enemigo", sino que es la misma clase burguesa en casa que está dispuesta a utilizar cualquier medio, legal o ilegal, constitucional o anticonstitucional, para defender sus privilegios.
El autoritarismo que la burguesía expresa con el pretexto de la "lucha contra el Covid-19" es parte integrante de su dominio; el parlamentarismo y la democracia con que se reviste no son más que un manto que cubre la realidad de su dictadura de clase. La burguesía de los países de la civilización occidental no tiene el valor, al menos hasta ahora, de mostrar su verdadero rostro totalitario; y no tiene ningún interés en mostrarlo mientras el régimen democrático consiga paralizar a las masas proletarias. Utiliza el rostro democrático para seguir engañando a las masas proletarias, para desviar su lucha del terreno de la confrontación de clases al terreno que le es más favorable, el terreno democrático y parlamentario. Pero la crisis económica y social, anticipada por la crisis económica de sobreproducción que caracteriza cíclicamente todo el período histórico del imperialismo en el que estamos inmersos desde hace cien años, se acerca de nuevo a pasos agigantados; Por eso la burguesía tiende a acelerar sus maniobras para encauzar aún más al proletariado, aplastándolo bajo el peso de sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales, intoxicándolo aún más con el veneno de una democracia que ya no tiene ningún papel social, pero que sigue teniendo un papel político para desviar, aislar, fragmentar y desmoralizar a la masa proletaria.
Así, las reacciones a un gobierno, como el de Draghi, que responde a una política de "unidad nacional" bajo la que vuelve a encauzar a las masas proletarias, pero que pone como prioridad, en la situación de crisis, la defensa del gran capital, expresan aún más, y con violencia, la ira de las capas pequeñoburguesas que se sienten abandonadas a su suerte. Las organizaciones de extrema derecha actúan en base a esta ira; siempre lo han hecho y lo seguirán haciendo. En realidad, desempeñan un doble papel: Por un lado, atraen la ira de las capas pequeñoburguesas, las organizan, dirigen sus manifestaciones, les hacen creer que el "enemigo del momento" son las llamadas "potencias fuertes", idealizan un "patriotismo" que las potencias fuertes nacionales no defenderían internacionalmente, están dispuestos a destrozar símbolos y vestigios de quienes consideran responsables de su ruina social; Por otro lado, representan el pretexto ideológico y político para que las organizaciones "democráticas" cimenten a las masas proletarias en la colaboración de clases con el pretexto del llamado "antifascismo", "antitotalitarismo". Ambos trabajan para consolidar la conservación social, ambos aspiran a una sociedad en la que todas las clases sociales satisfagan "sus" aspiraciones, ambos defienden el capitalismo nacional frente a la competencia extranjera, ambos utilizan la democracia para imponerse en la arena política como los campeones de la eficiencia económica, la destreza política, la "cohesión nacional", la defensa de las raíces históricas y culturales del país. Ambos compartieron la política que marcó y sigue marcando la victoria política del fascismo, a pesar de su derrota militar en la Segunda Guerra Mundial: la política de colaboración de clases.
Golpear los símbolos del autoritarismo característico de Draghi se ha convertido, por tanto, en el objetivo inmediato de muchos opositores. El pasaporte Covid es sin duda uno de estos símbolos. Pero hay opositores y opositoras. Los opositores pequeñoburgueses se alegran cuando los inmigrantes ilegales son encarcelados, deportados, reunidos en campos de concentración fuera de su vista, devueltos a los países de los que se embarcaron, quizás a Libia bajo las manos de torturadores, o no son rescatados en el mar donde se ahogan por miles. Lo importante es que todo esto ocurre lejos de sus ojos y de sus casas, pero si se acercan demasiado, las armas y las pistolas están siempre a mano. Pero se contentan con explotarlos peor que al ganado en los campos y talleres, bajo el chantaje de su "ilegalidad", obligándolos a vivir en tugurios, chabolas y en medio de la basura. Para ser libres de llevar su mezquina vida y explotar a su antojo la mano de obra negra y el trabajo mal pagado, a estas sanguijuelas no les gustan las imposiciones que ponen en peligro sus sucios negocios. Eluden al recaudador de impuestos mediante hábiles contables, pero el pasaporte Covid es difícil de sortear, por lo que intentan reforzar su protesta implicando a los proletarios. Es también contra esta implicación que los proletarios tienen que luchar.
El ejemplo de los estibadores de Trieste es emblemático: la Coordinación de trabajadores portuarios de Trieste (CLPT por sus siglas en italiano) ha declarado que hará huelga hasta el final, a partir del 15 de octubre, si no se levanta la obligación del pasaporte Covid no sólo para los trabajadores del puerto de Trieste, sino para todos los trabajadores. Es este enfoque decididamente clasista el que les ha hecho declarar que ni siquiera aceptarán los topes gratuitos prometidos por las empresas sólo para ellos con tal de ir a trabajar: ¡No estamos en venta! es el grito que une a todos los estibadores de Trieste, tanto a los que se han vacunado como a los que no han querido vacunarse.
Esto es lo que deben hacer los proletarios en todas las empresas, en todos los sectores, siguiendo el ejemplo de los estibadores de Trieste.
Veremos qué ocurre en Trieste el 15 de octubre: los estibadores han declarado que no se moverán ni un milímetro del bloqueo del puerto. ¿Qué va a hacer la policía, intervenir con la fuerza para liberar el acceso al puerto? Al parecer, muchos de los camioneros que tienen que llegar al puerto tampoco tienen el pasaporte Covid, sobre todo los que vienen del extranjero y se han vacunado con el Sputnik ruso, que no es aceptado por Italia. Es cierto que la tensión se ha acumulado en este último periodo y que el Gobierno se encuentra en una encrucijada: ¿Golpear a los estibadores de Trieste para evitar el bloqueo del puerto, que es uno de los más importantes de Italia, o renunciar a encontrar el habitual resquicio de la situación excepcional?
