La nueva anormalidad. Un suave golpe de Estado

Gobernar por el miedo en tiempos de crisis
 

Miguel Amorós
12 de noviembre de 2020
España

La catástrofe no solo es la promesa de desgracia hecha por la civilización industrial, es ya nuestro presente inmediato. Lo confirma el alarmismo de los expertos ante la posibilidad anunciada a los cuatro vientos de un colapso del sistema sanitario. Al decretar el fin del estado de alarma anterior, los gobernantes intentaban evitar la agudización de la crisis económica. Sin embargo, la precipitación por sacar la economía del confinamiento ha conducido a lo contrario: los rebrotes del virus no han tardado en venir, o al menos es lo que dicen las estadísticas de interesados estudios científicos. Según dejan entrever los medios de desinformación, la gestión efectiva de la pandemia no pudo ser más desastrosa, pues si bien una sociedad de consumo no es capaz de sobrevivir con una economía semiparalizada, tampoco puede dejar de lado a los consumidores. Su grado de disponibilidad para el trabajo y el dispendio, o sea, lo que suele llamarse salud, ha de ser satisfactorio. Más claro: por no dar un salto hacia delante en el control social de envergadura suficiente, los dirigentes se han visto forzados a dar un paso atrás, proclamando un nuevo estado de alarma con el fin de acogerse a disposiciones disciplinarias anteriores, preparadas con restricciones inútiles en «actividades no esenciales», toques de queda y confinamientos a la carta. No es seguro que estemos ante una “segunda ola”, pero lo cierto es que estamos ante un verdadero golpe de Estado. Por la vía de la excepción se abre un segundo capítulo en la implantación de una dictadura sanitaria destinada a perdurar. El pájaro desarrollista con la ayuda del virus mediático incuba el huevo de la tiranía.

En verdad, las condiciones de vida en la sociedad del crecimiento infinito constituyen una seria amenaza para la salud del vecindario, pero los dirigentes y sus asesores no plantean soluciones técnicas que no discurran en el sentido de los intereses dominantes. El problema es que estos son contradictorios. Hay conflicto de potencias y conflicto dentro de ellas. Las estructuras de poder se están reconfigurando a escala mundial ante las crisis venideras que el choque de intereses está planteando. Se articulan de nuevo los Estados, el capitalismo y la tecnociencia -la megamáquina- con previsibles malas consecuencias para la población, de la cual una parte cada vez mayor ya resulta inútil para el sistema. Se trata de gestionar excedentes, técnicamente, bien por guerras, bien mediante enfermedades infecciosas. Si lo que se persigue es la obediencia incondicional, el miedo, y en casos graves, el terror, es la herramienta necesaria de gobierno. En el caso concreto de la pandemia, todo consistiría en encajar la salud con la economía convirtiendo aquella en una oportunidad de tecnificación y desarrollo. La costosa sanidad pública se dejaría tal como está, es decir, semidesmantelada. Los medicamentos caros y las vacunas milagreras serían el primer objetivo de la industria farmacéutica, la más corrupta, y por supuesto, de los gobiernos. Acompañadas por medidas profilácticas como el lavado de manos, el saludo con codo, el pago con tarjeta, la mascarilla, la distancia, la ventilación, el silencio y pronto el carnet de inmunidad, abrirán paso al control general. Pero para que la población obedezca los consejos que brinda la farmacopea del espectáculo, urge una sumisión servil, y ahí está el problema: nadie cambia alegremente sus hábitos sociales por el aislamiento sin sentido por más que lo ordenen las autoridades. Situaciones supuestamente alarmantes requieren dosis superiores de catastrofismo y gran despliegue policial. La dominación ha de recurrir primero al miedo y luego, si eso no funciona con todos, a la fuerza. Políticamente, eso significa la supresión de las apariencias democráticas del parlamentarismo en pro del autoritarismo típico de las dictaduras, cuya eficacia ahora depende de un control digital absoluto. En efecto, la supresión de las libertades formales (de circulación, de reunión, de manifestación, de residencia, de prescripción médica, etc.) que garantizan las constituciones, el «rastreo», las multas y el fomento de la delación, tienen muy poco que ver con el derecho a la salud y mucho con la remodernización del poder a la que no es ajena la pérdida de confianza de los gobernados, que, ante la duplicidad, la ineptitud y la irresponsabilidad de los gobernantes, incurren con desenvoltura en la desobediencia. Y puesto que la soberanía llamada popular allá donde reina la mundialización no reside realmente en el pueblo, considerado un ser irracional que debe ser neutralizado, sino en el Estado, fiel ejecutor de los designios de las altas finanzas, el despotismo es la respuesta natural del poder a la pérdida de legitimidad. Al separar la gobernanza del derecho mediante decretos ad hoc de legalidad cuestionable, el Estado cobra a la población el peaje de una pretendida crisis que confiesa no haber sabido conjurar, pero de la que culpa al “comportamiento incívico” de determinados sectores, principalmente juveniles. Si no hubiera resistencia a tanto abuso, la vida social acabaría recluida en el espacio virtual y lo único democrático que permanecería en pie sería el contagio.

El último libro de Vaneigem empieza así: «Desde los días sombríos que iluminaban la noche de los tiempos, solamente era cosa de morir. De ahora en adelante se trata de vivir. Vivir en fin, es reconstruir el mundo». Literalmente, la situación empuja a una reacción colectiva contra la privatización, la artificialización y la burocratización en defensa de la vida, estrechamente ligada a la defensa de la libertad. Lo que mata a la una (el Estado, el Capital), mata a la otra, por lo que tal defensa empieza por la desobediencia civil a los dictados de ambos. Ellos son el verdadero peligro, y no el virus. La reacción desobediente contra todas las imposiciones constituye en estos momentos el eje de la lucha social, pero desobedecer no es suficiente: frente a la confusión fomentada por el poder, hay que reivindicar la verdad. Conviene evitar a toda costa que la protesta sea desacreditada por las alucinaciones del complotismo y el negacionismo. Las fisuras que se están produciendo en el consenso científico pueden contribuir a ello. Respecto a la pandemia, la primera norma de la autodefensa aconseja guardar distancias higiénicas con el Estado e ir a la autogestión de la sanidad. El coronavirus, arma del Estado, también podría usarse en su contra. No interesa una sanidad pública porque depende del Estado y sus filiales autonómicas, sino un sistema de salud en manos de colectivos compuestos por personal sanitario, usuarios y enfermos. La cuestión consiste menos en crear clínicas alternativas en la órbita de la economía social -opción tampoco descartable-, que en arrebatar al Estado la gestión de una medicina que se quiere a escala humana, es decir, descentralizada y próxima. Nada será posible sin sostenidos estallidos de cólera que pongan en movimiento a masas insumisas hartas de sufrir la torpe manipulación de las autoridades y sus estúpidos confinamientos. Mejor afrontar las consecuencias de su insubordinación que vivir bajo la férula de ejecutivos ignorantes y tecnócratas embusteros. En un mundo determinado por el trabajo muerto y devorado por una psicosis inducida desde los medios, que sean cada vez más los cuerdos que tomen partido por la naturaleza, libertad, la verdad y la vida.

¡La bolsa o la vida! O el caos económico y sanitario, o el fin de la dominación. O las engañosas comodidades cada vez mas constreñidas de una economía mortífera, o la aventura de una existencia soberana, esa es la cuestión. Las protestas conscientes de la vida cotidiana han de tener como horizonte un mundo antidesarrollista, no patriarcal, sin polución, sin alimentos industriales, sin ocio de fábrica, sin basura, desglobalizado y desestatizado. Si nos detenemos de nuevo en la salud, recordemos que para propagarse, los virus requieren una población numerosa, densa y en perpetuo movimiento. En cambio, los agrupamientos pequeños y tranquilos no padecen enfermedades epidémicas. El hacinamiento y la hiperactividad promueven la transmisión -condiciones que se dan óptimamente en las metrópolis-, así como también los desplazamientos masivos debido a las hambrunas, las guerras y el turismo. Razones de más para que el mundo a reconstruir sea un agregado de pacíficas comunas autosuficientes mayormente rural, desmotorizado, desurbanizado y desmilitarizado.

El Estado con mascarilla

Miguel Amorós
Confinado en su casa muy a su pesar, el 7 de abril de 2020.

La actual crisis ha significado unas cuantas vueltas de tuerca en el control social por parte del Estado. Lo principal en esa materia ya estaba bastante bien implantado porque las condiciones económicas y sociales que hoy imperan así lo exigían; la crisis no ha hecho más que acelerar el proceso. Estamos participando a la fuerza como masa de maniobra en un ensayo general de defensa del orden dominante frente a una amenaza global. El coronavirus 19 ha sido el motivo para el rearme de la dominación, pero igual hubiera servido una catástrofe nuclear, un impasse climático, un movimiento migratorio imparable, una revuelta persistente o una burbuja financiera difícil de manejar. No obstante la causa no es lo de menos, y la más verídica es la tendencia mundial a la concentración de capitales, aquello a lo que los dirigentes llaman indistintamente mundialización o progreso. Dicha tendencia halla su correlato en la tendencia a la concentración de poder, así pues, al refuerzo de los aparatos de contención, desinformación y represión estatales. Si el capital es la sustancia de tal huevo, el Estado es la cáscara. Una crisis que ponga en peligro la economía globalizada, una crisis sistémica como dicen ahora, provoca una reacción defensiva casi automática y pone en marcha mecanismos disciplinarios y punitivos de antemano ya preparados. El capital pasa a segundo plano y entonces es cuando el Estado aparece en toda su plenitud. Las leyes eternas del mercado pueden tomarse unas vacaciones sin que su vigencia quede alterada.

El Estado pretende mostrarse como la tabla salvadora a la que la población debe de agarrarse cuando el mercado se pone a dormir en la madriguera bancaria y bursátil. Mientras se trabaja en el retorno al orden de antes, o sea, como dicen los informáticos, mientras se intenta crear un punto de restauración del sistema, el Estado interpreta el papel de protagonista protector, aunque en la realidad este se asemeje más al de bufón macarra. A pesar de todo, y por más que lo diga, el Estado no interviene en defensa de la población, ni siquiera de las instituciones políticas, sino en defensa de la economía capitalista, y por lo tanto, en defensa del trabajo dependiente y del consumo inducido que caracterizan el modo de vida determinado por aquella. De alguna forma, se protege de una posible crisis social fruto de otra sanitaria, es decir, se defiende de la población. La seguridad que realmente cuenta para él no es la de las personas, sino la del sistema económico, esa a la que suelen referirse como seguridad “nacional”. En consecuencia, la vuelta a la normalidad no será otra cosa que la vuelta al capitalismo: a los bloques colmena y a las segundas residencias, al ruido del tráfico, a la comida industrial, al trasporte privado, al turismo de masas, al panem et circenses... Las formas extremas de control como el confinamiento y la distancia interindividual terminarán, pero el control continuará. Nada es transitorio: un Estado no se desarma por propia voluntad, ni prescinde gustosamente de las prerrogativas que la crisis le ha otorgado. Simplemente, “hibernará” las menos populares, tal como ha hecho siempre. Tengamos en cuenta que la población no ha sido movilizada, sino inmovilizada, por lo que es lógico pensar que el Estado del capital, más en guerra contra ella que contra el coronavirus, trata de curarse en salud imponiéndole condiciones cada vez más antinaturales de supervivencia.

El enemigo público designado por el sistema es el individuo desobediente, el indisciplinado que hace caso omiso de las órdenes unilaterales de arriba y rechaza el confinamiento, se niega a permanecer en los hospitales y no guarda las distancias. El que no comulga con la versión oficial y no se cree sus cifras. Evidentemente, nadie señalará a los responsables de dejar a los sanitarios y cuidadores sin equipos de protección y a los hospitales sin camas ni unidades de cuidados intensivos suficientes, a los mandamases culpables de la falta de tests de diagnóstico y respiradores, o a los jerarcas administrativos que se despreocuparon de los ancianos de las residencias. Tampoco apuntará el dedo informativo a expertos desinformadores, a empresarios que especulan con los cierres, a los fondos buitre, a los que se beneficiaron con el desmantelamiento de la sanidad pública, a quienes comercian con la salud o a las multinacionales farmacéuticas... La atención estará siempre dirigida, o mejor teledirigida, a cualquier otro lado, a la interpretación optimista de las estadísticas, al disimulo de las contradicciones, a los mensajes paternalistas gubernamentales, a la incitación sonriente a la docilidad de las figuras mediáticas, al comentario chistoso de las banalidades que circulan por las redes sociales, al papel higiénico, etc. El objetivo es que la crisis sanitaria se compense con un grado mayor de domesticación. Que no se cuestione un ápice la labor de los dirigentes. Que se soporte el mal y que se ignore a los causantes.

La pandemia no tiene nada de natural; es un fenómeno típico de la forma insalubre de vida impuesta por el turbocapitalismo. No es el primero, ni será el último. Las víctimas son menos del virus que de la privatización de la sanidad, la desregulación laboral, el despilfarro de recursos, la polución creciente, la urbanización desbocada, la hipermovilidad, el hacinamiento concentracionario metropolitano y la alimentación industrial, particularmente la que deriva de las macrogranjas, lugares donde los virus encuentran su inmejorable hogar reproductor. Condiciones todas ellas idóneas para las pandemias. La vida que deriva de un modelo industrializador donde los mercados mandan es aislada de por sí, pulverizada, estabulada, tecnodependiente y propensa a la neurosis, cualidades todas que favorecen la resignación, la sumisión y el ciudadanismo “responsable”. Si bien estamos gobernados por inútiles, ineptos e incapaces, el árbol de la estupidez gobernante no ha de impedirnos ver el bosque de la servidumbre ciudadana, la masa impotente dispuesta a someterse incondicionalmente y encerrarse en pos de la seguridad aparente que le promete la autoridad estatal. Esta, en cambio, no suele premiar la fidelidad, sino guardarse de los infieles. Y, para ella, en potencia, infieles lo somos todos.

En cierto modo, la pandemia es una consecuencia del empuje del capitalismo de estado chino en el mercado mundial. La aportación oriental a la política consiste sobre todo en la capacidad de reforzar la autoridad estatal hasta límites insospechados mediante el control absoluto de las personas por la vía de la digitalización total. A esa clase de virtud burocrático-policial podría añadirse la habilidad de la burocracia china en poner la misma pandemia al servicio de la economía. El régimen chino es todo un ejemplo de capitalismo tutelado, autoritario y ultradesarrollista al que se llega tras la militarización de la sociedad. En China la dominación tendrá su futura edad de oro. Siempre hay pusilánimes retardados que lamentarán el retroceso de la “democracia” que el modelo chino conlleva, como si lo que ellos denominan así no fuera otra cosa que la forma política de un periodo obsoleto, el que correspondía a la partitocracia consentida en la que ellos participaban gustosamente hasta ayer. Pues bien, si el parlamentarismo empieza a ser impopular y maloliente para los dirigidos en su mayoría, y por consiguiente, resulta cada vez menos eficaz como herramienta de domesticación política, en gran parte es debido a la preponderancia que ha adquirido en los nuevos tiempos el control policial y la censura sobre malabarismo de los partidos. Los gobiernos tienden a utilizar los estados de alarma como herramienta habitual de gobierno, pues las medidas que implican son las únicas que funcionan correctamente para la dominación en los momentos críticos. Ocultan la debilidad real del Estado, la vitalidad que contiene la sociedad civil y el hecho de que al sistema no le sostiene su fuerza, sino la atomización de sus súbditos descontentos. En una fase política donde el miedo, el chantaje emocional y los big data son fundamentales para gobernar, los partidos políticos son mucho menos útiles que los técnicos, los comunicadores, los jueces o la policía.

Lo que más debe de preocuparnos ahora es que la pandemia no solo culmine algunos procesos que vienen de antiguo, como por ejemplo, el de la producción industrial estandardizada de alimentos, el de la medicalización social y el de la regimentación de la vida cotidiana, sino que avance considerablemente en el proceso de la digitalización social. Si la comida basura como dieta mundial, el uso generalizado de remedios farmacológicos y la coerción institucional constituyen los ingredientes básicos del pastel de la cotidianidad posmoderna, la vigilancia digital (la coordinación técnica de las videocámaras, el reconocimiento facial y el rastreo de los teléfonos móviles) viene a ser la guinda. De aquellos polvos, estos lodos. Cuando pase la crisis casi todo será como antes, pero la sensación de fragilidad y desasosiego permanecerá más de lo que la clase dominante desearía. Ese malestar de la conciencia restará credibilidad a los partes de victoria de los ministros y portavoces, pero está por ver si por sí solo puede echarlos de la silla en la que se han aposentado. En caso contrario, o sea, si conservaran su poltrona, el porvenir del género humano seguiría en manos de impostores, pues una sociedad capaz de hacerse cargo de su propio destino no podrá formarse nunca dentro del capitalismo y en el marco de un Estado. La vida de la gente no empezará a caminar por senderos de justicia, autonomía y libertad sin desprenderse del fetichismo de la mercancía, apostatar de la religión estatista y vaciar sus grandes superficies y sus iglesias.