Dos entrevistas: Perú / Ucrania

Revuelta en la región peruana: Entrevista a l@s compañer@s de Editorial Ande
Vamos Hacia la Vida
14/02/2023, Chile
https://hacialavida.noblogs.org/revuelta-en-la-region-peruana-entrevista-a-ls-companers-de-editorial-ande

Guerra en Ucrania: La organización de los anarquistas en el frente ucraniano + Sabotaje y acciones de contraguerra en suelo ruso
Colectivo Emma Goldman a Comité de Resistencia
13/02/2023, Chile
https://lapeste.org/2023/02/uerra-en-ucrania-sabotaje-y-acciones-de-contraguerra-en-suelo-ruso-la-organizacion-de-los-anarquistas-en-el-frente-ucraniano-entrevista

Sobre sucesos en Perú (dic.2022)

• EL ORDEN DEL CAPITAL REINA EN EL PERU: SOBRE LAS DISPUTAS INTERBURGUESAS
Editorial Ande. Perú, 07/12/2022
https://www.editorialande.com/post/el-orden-del-capital-reina-en-el-per%C3%BA-sobre-las-disputas-interburguesas

• DE LAS DISPUTAS INTERBURGUESAS A LA LUCHA DE CLASES
Editorial Ande. Perú, 11/12/2022
https://www.editorialande.com/post/de-las-disputas-interburguesas-a-la-lucha-de-clases

• LUCHA DE CLASES EN EL PERÚ: DEL CAMPO A LA CIUDAD
Editorial Ande. Perú, 16/12/2022
https://www.editorialande.com/post/lucha-de-clases-en-el-per%C3%BA-del-campo-a-la-ciudad

El orden del capital reina en el Perú: sobre las disputas interburguesas

Editorial Ande
Perú, 08/12/2022

Al calor del incesante avance de la crisis del capitalismo, la escalada militar a nivel mundial, el acrecentamiento de la lucha de clases, el desprestigio inagotable del Estado Nación, de los políticos de turno, de partidos y palabras bonitas como libertad e igualdad, entra en ebullición el termómetro de las disputas interburguesas en el Perú.

Los contendientes: 1) el poder ejecutivo frente al 2) legislativo y al judicial. Cada lado representando diversas fracciones de la burguesía. Los primeros representan, sobre todo, a la burguesía y pequeña burguesía provincianas aun difusas, pero cada vez más pujantes que se van insertando y disputando mercados, contrataciones con el Estado, concesiones millonarias en el sector de la construcción, territorios destinados a explotación minera, etc., y, por otro lado, el control político del Estado. En el segundo ramo de los bandos, más ligados a los intereses imperialistas, se encuentra la vieja clase burguesa agremiada en la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) que incluye, principalmente, a los sectores nacionales de la banca, minería, construcción, agroindustria y petróleo.

Estos últimos han realizado contribuciones millonarias a políticos de extrema derecha, además de recibir - a través del Estado – préstamos exorbitantes, condonación de deudas, reducción de pagos tributarios, etc. durante la pandemia. A ello se suma de forma evidente los grandes medios de comunicación como los del Grupo El Comercio, Canal N, La República, Latina Televisión, Willax, RPP, etc. Algunos, harto conocidos por recibir coimas de Vladimiro Montesinos en el gobierno dictatorial de Fujimori, y fuertes financiamientos del Estado para publicidad hasta antes del gobierno actual. Son ellos mismos los que diariamente difunden e imponen la ideología de la clase dominante actuando como guardianes de sus intereses.

Aunque estos conflictos interburgueses afectan las actividades sociales en general, no se juegan los intereses esenciales de la clase trabajadora, sino el control del Estado para asegurar las ganancias del capital. En cuanto clase burguesa, el Estado salvaguardaba sus intereses económicos, en lo político se disputan el control del poder, incluso cuando una crisis de este tipo acarree perjurios al desarrollo mismo del capital. La anatomía del ejecutivo que representaba Pedro Castillo expresaba la continuidad sosegada del modo de producción capitalista. Nunca puso en tela de juicio el desarrollo de la acumulación de capital ni la explotación de la clase trabajadora, sino que fue parte integrante de una lista cada vez más larga de intentonas candorosas de transformar la realidad por medio del Estado, de Toledo a Ollanta, de Vizcarra a Sagasti, ingenuidad tras ingenuidad. Castillo se va como llegó al poder: desorientado.

La actual tentativa frustrada de disolver el Congreso por parte del ahora expresidente Pedro Castillo representa el cierre de un ciclo de disputas y el inicio de otras nuevas. De ninguna manera la paz que sueña la clase burguesa. El segundo bando tomó la iniciativa. Antes de la llegada de Castillo al poder, en julio del 2021, lo acusaron interminablemente de fraude electoral. No se dejó esperar la primera moción de vacancia redactada el 18 de noviembre y presentada el 25 de noviembre del 2021. Fue un fracaso. La segunda, del 8 de marzo del 2022, también nació frustrada. Las acusaciones llovieron: corrupción y hasta traición a la patria. Por su parte, el poder judicial se movilizó. El 20 de junio fue votada una nueva Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que agudizó el intento de destituir a Castillo. El 11 de octubre la fiscal presentó una denuncia constitucional contra Castillo. También su familia fue acusada por corrupción y hasta su sobrina estuvo en prisión preventiva por meses. Castillo se mostró desorientado desde el principio, aunque la propia incompetencia del legislativo no consumó la destitución. Al mismo tiempo, se protegió con una continua introducción a su cartera ministerial de sectores de derecha recalcitrante y pactos interburgueses cada vez más escandalosos. También convocó a la OEA como mediadora, pero su mayor defensa la hizo con la llamada cuestión de confianza que presentó su primer ministro Aníbal Torres el 17 de noviembre del 2022. La reacción del legislativo fue la tercera moción de vacancia que se realizó hoy 7 de diciembre. Es en este escenario que la contienda llegó a su momento más álgido. Castillo terminó de mover las fichas que le quedaban a las 11: 41 am:  “Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”       

Sin embargo, esas ideas y esas palabras no tenían ningún respaldo material. Castillo y su séquito parecían confiar ingenuamente en sus palabras, como si por arte de magia el Congreso se cerraría porque él así lo dijera. Tras una hora del mensaje no se sabía nada de los etnocaceristas ni de la policía y menos de las FFAA. No había ningún poder fáctico respaldando esas palabras. Mientras tanto, el campante Congreso aceleraba la vacancia. A la 1:30 pm, aproximadamente, las FFAA divulgaban en un escueto comunicado su apoyo al orden constitucional, lo que verdaderamente significaba el respaldo al legislativo. La estocada final la dieron los 101 votos congresales a favor de la vacancia, que terminó por consumar su corto período presidencial.

Tal fracaso político es expresión de la impotencia y bancarrota de la izquierda peruana, una izquierda que defendió la podredumbre de su gobierno, bajo la excusa de un golpe fascista en ciernes y la esperanza de mejores condiciones para la organización del circo constituyente. Lejos de proponerse la construcción de una apuesta programática independiente y clasista, la izquierda se limita a denunciar a la derecha por su “autoritarismo” y su nula “vocación democrática”. Ese camino los llevó al ridículo de respaldar la misión fiscalizadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), órgano interventor del imperialismo yankee, y a justificar toda la política antiobrera y mediocre de Pedro Castillo.

Mientras los políticos burgueses y la izquierda del capital se achacan mutuamente la responsabilidad de la crisis política, los proletarios del campo y la ciudad continúan padeciendo la explotación y los embates de la crisis capitalista mundial y cargando las consecuencias sobre sus hombros: subida de precios, escasez de materiales para la producción agrícola como es el caso de los fertilizantes, sequías continuas, rebrote de la pandemia, alto precio de combustibles, etc.

En cuanto la izquierda del capital y la derecha se limiten a discutir cuál es la mejor salida para resolver las constantes disrupciones políticas de las instituciones burguesas que defienden con su vida, el hartazgo popular contra los políticos y sus medios de comunicación crece cada día más. Como no podría ser de otra manera, el interés de clase de los trabajadores estaba por completo ausente en este conflicto entre cúpulas. La gestión de Castillo nunca expresó el interés de los trabajadores ni siquiera en términos reformistas. No cumplió ni con las expectativas de las izquierdas del capital cuya aspiración máxima era el cambio constitucional. Aunque ideológicamente se presentara de otra manera – como disputa entre sectores populares y élites, entre “provincianos” y “limeños” – lo que estaba en juego era el control del Estado para beneficiar o discriminar fracciones capitalistas.

CONTRA LA TRAMPA DE LA DEMOCRACIA: ELECCIONES EN BRASIL

Editorial Ande
Perú, 02/10/2022

Protestas de la clase trabajadora a nivel mundial, una guerra interimperialista en curso que amenaza con devenir en una guerra nuclear, precios exorbitantemente elevados en cada rincón del planeta, la izquierda del capital revalidando nuevamente el electoralismo y la vieja historia de la crisis capitalista que promete ser más encarnizada. Es en este escenario contradictorio que se desarrolla una vez más las grisáceas trampas electorales de la democracia burguesa. El presente escenario es Brasil.

El resultado de los próximos comicios electorales en Brasil estará en el centro de la opinión pública internacional durante los próximos días. No es para menos, se trata de la principal economía regional en términos de producción y la decimotercera a nivel mundial. Una formación económico-social que, aun siendo periférica, tiene una considerable capacidad de exportación de capitales, manteniendo relaciones asimétricas o subimperialistas con vecinos de la región como Paraguay o Bolivia, y que históricamente se enroló de manera activa en las misiones contrainsurgentes impulsadas por el imperialismo norteamericano y las burguesías latinoamericanas. Actualmente mantiene relaciones económicas fluidas con el imperialismo chino colaborando con su expansión en América Latina.

Como es evidente, el curso de los acontecimientos políticos en este país no puede ser desestimado por nadie. Pero su evaluación, más aún si pretende realizarse desde una perspectiva proletaria, debe hacerse considerando las contradicciones esenciales, y no la mera inmediatez que solo se queda en lo aparente.

A pesar de que en los hechos el Partido de los Trabajadores (PT) demostró ser un reformista que no realizó cambios estructurales, buena parte de la izquierda y el llamado “progresismo” continúa sosteniendo la existencia de una diferencia esencial entre este partido y la extrema derecha representada por Jair Bolsonaro. La postura impulsada por estos sectores ingenuos afirma que la permanencia de Bolsonaro en el gobierno equivaldría a una victoria fascista sobre la democracia liberal cual Mussolini marchando sobre Roma. En consecuencia, la tarea inmediata sería la lucha contra el bolsonarismo en defensa de las libertades democráticas y el Estado de derecho. Es decir, que estos grandes “defensores de la libertad” son en realidad militantes del capital y sus expresiones democrático-burguesas. No importa que Lula haya sido muy claro con su postura procapitalista. Por ejemplo, ya desde el 2002 decía lo siguiente en una entrevista publicada en la Revista IstoÉ: “El capitalismo brasileño hoy está inoperante. El actual gobierno impide que Brasil sea capitalista, porque dificulta el crédito a quien produce y a quien consume debido a las altas tasas de interés. (…) Quiero dinamizar la economía. El primer paso es hacer que Brasil crezca en el mercado interior y externo. (…) Los empresarios deberían votarme porque, en este momento, solamente yo soy capaz de hacer que la economía vuelva a crecer (…)”. Tampoco importa que incluya entre sus filas a políticos tradicionales vinculados al catolicismo conservador y a la agroexportación como Geraldo Alckmin, y busque asegurar el apoyo reuniéndose con sectores del gran capital como Josué Gomes, presidente de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP); Isaac José Sidney, director de la Federación Brasileña de Bancos (FEBRABAN); Benjamin Steinbruch, director de la Consejo de Administración de Compañía Siderúrgica Nacional de Brasil; Flávio Gurgel Rocha, presidente del gigante textil Lojas Riachuelo y parte del más grande grupo de empresarios textiles en América Latina, Grupo Guararapes; y otro largo etcétera. En fin, todo vale con tal de sacar al “fascista” de la gestión gubernamental. Todo se reduce a los malabares políticos, dejando fuera las relaciones económicas, especialmente aquellas que mantienen en condiciones de creciente explotación a su población trabajadora. Estas organizaciones desligan el Estado de las dinámicas del capital y no comprenden las categorías como totalidad.

El primer elemento de esta falsa contradicción radica en trasladar de forma mecánica una categoría que sintetizaba un proceso histórico diferente y especifico al actual ascenso de la extrema derecha en el mundo. Pero aun considerando que tenga algo de credibilidad, la experiencia real del movimiento obrero probó hasta el cansancio que la lucha contra el fascismo no puede efectuarse sin una lucha contra el capitalismo en general. Contraponer el fascismo a los valores y las formas económicas y políticas liberales implica negar su unidad orgánica como dos momentos del desarrollo del capital.

En Brasil existe una clara continuidad entre la política económica del PT y la ejecutada por Bolsonaro. Para poner unos ejemplos, la producción de soja, commodity más importante de Brasil, tuvo su mayor despunte en los gobiernos del PT con un crecimiento continuo de 51, 919 440 toneladas en 2003 a 96, 394 820 en el 2016 (según la FAO). Mientras las hectáreas de producción de soja del 2006 al 2016 aumentaros de 22, 04 millones a 33, 15 millones (según la FAO). La producción total de granos para la agroexportación entre 1975 e 2017 que era de 38 millones de toneladas, creció más de 6 veces, hasta 236 millones despuntando principalmente en los gobiernos del PT (según el EMBRAPA). Es decir que hubo un crecimiento casi continuo de la agroexportación en los gobiernos petistas. Incluso, en el gobierno de Lula hubo mayor participación de los sectores de la industria en el PIB con un 23, 1% en el 2011 mientras que en el de Bolsonaro se redujo a un 18, 9% en el 2021 (según IBGE). Si la oposición entre fascismo y democracia debe desestimarse, es todavía más insostenible pensar en una disociación radical entre dos gestiones que, en lo fundamental, han mantenido el mismo programa económico en beneficio del agronegocio, el capital financiero y la burguesía industrial. La izquierda y el progresismo cierra los ojos ante los hechos y cae presa de las diferencias aparentes que existen entre Lula y Bolsonaro. La infame retórica y el cretinismo de este último, carácter rancio de la extrema derecha, no es más que una estrategia para capitalizar el descontento de los trabajadores frente a las limitaciones del “socialismo del siglo XXI” que caracterizó la experiencia petista.

Si admitiéramos que las diferencias entre los dos principales candidatos no son esenciales, pareciera sensato para los trabajadores optar por una “verdadera opción de izquierda” en el proceso electoral. De hecho, en los comicios brasileños abunda esta fauna electoral. Tratándose de distinguir del “lulo-petismo” encontramos las candidaturas del Partido Comunista Brasileño (PCB), la Unidad Popular (UP) y la del Polo Socialista Revolucionario (PSR). Estas organizaciones, más allá de sus matices, no parecen tener mayor objetivo que reemplazar al PT electoralmente y ejecutar, a partir del acceso a la maquinaria estatal, medidas aparentemente progresistas para los trabajadores. Sus prácticas, tan limitadas, como sus sueños de cumplir las llamadas “tareas democrático-burguesas” se justificarían porque el PT no habría realizado transformaciones sustanciales “traicionando” a los trabajadores. Se trata al fin de poner de cabeza al rey (capital), no de cortarle la cabeza.

Lo que subyace a este tipo de intervención política, por más que se enuncie una y otra vez que obedece a mediaciones tácticas, es una confianza ingenua en los mecanismos institucionales. Una fe pudorosa en la posibilidad de reformar lo irreformable o de consolidar conquistas que gradualmente modifiquen la balanza en favor de los trabajadores. El cuestionamiento del carácter de clase, del capital y el Estado, tan caro al comunismo, al que adscriben muchas de estas organizaciones, brilla por su ausencia. Han guardado en la gaveta El Manifiesto Comunista hasta el final del proceso electoral.

Es habitual que la priorización de la disputa institucional esté motivada por el oportunismo político y la obtención de beneficios económicos que brinda el acceso a la gestión del aparato estatal. Con todo, en el caso de muchas organizaciones que se reivindican de izquierda, esta opción “táctica” suele ser motivada por una evaluación equivocada del momento histórico y de las posibilidades reales de la actuación dentro del Estado. En medio de un proceso de decadencia social, económica y política generalizada a nivel global, conflictos bélicos con la participación de los principales bloques imperialistas, y una crisis de sobreacumulación sin resolución a la vista, llama la atención que los sectores que deberían encabezar la lucha contra el capitalismo no tengan nada más qué ofrecer a los trabajadores que ir a votar por la llamada “verdadera izquierda”. Aunque se llenen la boca con consignas grandilocuentes como “poder popular” o “socialismo”, en los hechos incurren en la afirmación del capital y sus formas políticas. En el contexto brasileño esta posición es todavía más deplorable. ¿Qué democracia van a defender los millones de proletarios que sufren desde siempre un Estado de excepción permanente en las favelas?

No deberá sorprender, entonces, que las masas desborden a los partidos y sindicatos como ocurrió en las manifestaciones del año 2013, cuando durante la gestión petista encabezada por Dilma Rousseff, millones de trabajadores irrumpieron en medio de las disputas interburguesas, colocando en evidencia que la única contradicción fundamental y real es la contradicción capital-trabajo. En aquel contexto, mientras el grueso de la izquierda reculaba en favor de la gestión petista, el ánimo radical de los trabajadores fue capitalizado por la demagogia derechista. Es decir, el engendro bolsonarista no es nada más que el resultado de la defensa ingenua de las instituciones burguesas practicadas por estos sectores electoreros atrapados en las redes democráticas. Es la dialéctica del capital en la política que solo cambia sus representantes. Sorprende que, aun después de estas experiencias, los agrupamientos que se identifican con los intereses del proletariado no puedan ir más allá de la crítica al PT. Esta, aunque fundamental, es insuficiente.

El parlamentarismo en las condiciones actuales no tiene otro papel que reducir el trabajo militante a un apéndice de la dinámica electoral. Dinámica democrática que es indisociable del interés capitalista y las exigencias de la valorización del valor. Subordina las energías de militantes honestos al curso infructuoso del juego institucional, en el que la burguesía siempre tiene la sartén por el mango. Obstruye el reconocimiento de la dominación de clase porque se presenta como una opción para mejorar algo sin ir a la raíz de los problemas. Cambio de la apariencia, mas no de la esencia.

La pregunta cae por su propio peso ¿qué hacer? Ser revolucionario significa comprenderse como momento del movimiento real de la clase, colaborando con sus autoesclarecimiento y sus procesos de lucha, es decir, concurrir en la acción colectiva del proletariado en la defensa de sus intereses de clase de manera irrestricta. En las condiciones actuales esto implica ir más allá de las trampas democrático burguesas agitando una posición abstencionista en el proceso electoral, pues ni la izquierda reformista, ni los críticos, ni mucho menos la extrema derecha, suponen una acción en sentido de negar radicalmente la dominación capitalista. Son, por tanto, una traba al desarrollo de la conciencia del proletariado y su papel revolucionario en la actual crisis capitalista. Nuestra consigna es, por tanto, la autoemancipación del proletariado a través de un proceso revolucionario más allá de las trampas democráticas de la burguesía.

LUCHA DE CLASES EN EL PERÚ

Editorial Ande
7 de abril del 2022, Perú

El ovillo que ataba la mecha de las luchas se ha quebrado encendiéndose la chispa en el alma de los trabajadores y en los campos donde alzan los puños. De Albania a Sri Lanka, de España a la India, de Sudan a Perú, algunas cesan, otras se encienden. Sube el precio del pan y las tortillas, del gas y el aceite, del arroz y la leche. En algunos casos el Estado cede unos centavos para contener las luchas, pero las jugosas ganancias del capital continúan galopantes bajo su protección sacando provecho de la miseria de los trabajadores, miseria que crean y profundizan por la cruenta guerra imperialista que han desatado bajo su propia expansión y desarrollo.

Desde el lunes 28 de marzo hay carreteras bloqueadas en Piura, Cajamarca, Ayacucho, Áncash, Junín, Arequipa, Apurímac, Puno, sumándose rápidamente Ica, Ucayali, Tingo María, Huánuco, Huancavelica, Lima, que a la vez se despliegan en una cantidad de regiones como Vitarte, Huaycán, Barrio Chino, El Álamo, Salitral, Las Lomas, Palpa, Mariano Dalmaso y un largo etcétera. Sin embargo, el epicentro de las protestas para el 2 de abril fue Huancayo y en los siguientes días Ica y Huánuco. No es casual que los muertos pertenezcan a estas tres regiones. Tales protestas son promovidas en un inicio por agricultores y transportistas, adhiriéndose raudamente otros sectores del proletariado, siendo el más importante un grueso contingente de los obreros del sector agroexportador en el sur y norte del territorio nacional. Los trabajadores de estos sectores fueron los más activos en las acciones directas que implicaron el bloqueo de carreteras y, en consecuencia, el bloqueo de la circulación de mercancías y la producción de valor. La lucha del proletariado fue una contundente respuesta de clase frente al aumento de los precios que se produjo por la crisis y expansión imperialista del capital a nivel mundial.

Lejos de ver la contradicción entre capital y trabajo, determinación fundamental de las acciones del proletariado, la izquierda del capital, en todas sus variantes, con la visión estrecha que la caracteriza, prefirió criminalizar la protesta, vinculándola a una manipulación de la derecha y a la acción de supuestos sectores “lumpen”. En ese sentido iban las declaraciones de Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, Rocío Silva Santisteban y otros tantos colectivos e individualidades, todos, más allá de sus diferencias, representantes del electorerismo, la conciliación de clases y las salidas institucionales, en suma, de una postura contrarrevolucionaria. Estos sectores no tienen como fin el acrecentamiento del poder de los trabajadores, sino la formación de nuevas burocracias subordinadas al esquema de reproducción del capital nacional.

El grueso de la lucha de los trabajadores en el interior del país se dio por un motivo concreto: la defensa de sus condiciones de vida frente al aumento de precios generado por el capital en su proceso de expansión imperialista, frente a los políticos que saquean las arcas públicas y frente al capital nacional que aumenta sus precios a diestra y siniestra. Ese hecho, y no la existencia de elementos externos a los intereses de los trabajadores, es la fórmula básica que resulta incomprensible a la sapiencia de la izquierda institucional. En ese sentido, ve el asunto como algo accesorio porque está empecinada en mantenerse en la gestión de la maquinaria estatal y defender la gestión conciliatoria de Pedro Castillo. Desde asesores con jugosos sueldos hasta ministros; desde altos cargos en el Banco Interamericano de Desarrollo hasta puestos nacionales en Petroperú, todos brindan por la santa república llenando sus bolsillos a diestra y siniestra ¡Salvo los puestos en el gobierno todo es ilusión!

Conviviendo con esta muchedumbre de oportunistas, se puede ubicar una cohorte de sectores conservadores y nacionalistas. Desde su premier Aníbal Torres de raigambre autoritaria y conservadora que cita a Hitler y Mussolini en público como ejemplos de progreso, hasta el mismo presidente; desde sus asesores “ocultos” bajo las sombras, hasta sus ministros. Esto no es un hecho aislado, ya antes había nombrado como su premier a Héctor Valer, un ultraderechista promotor de organizaciones totalmente conservadoras. Su fisonomía se muestra diáfanamente, no obstante, frente a la actual lucha de los trabajadores. Castillo dice el 31 de marzo: “Se está anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados por algunos dirigentes y cabecillas [...] es necesario decirles que pondremos orden en las próximas horas”. Alfonso Chávarry, refiriéndose a los trabajadores muertos, señala el 4 de abril en el distrito de Ate: “no había nada más, solo son cuatro” y en su llegada a Ica el 6 de abril: “Llegamos para devolver la paz y la tranquilidad” tras la muerte de Jhony Quinto a manos de la policía por una bala en la cabeza. Su “orden” y “paz” se traduce en una brutal y sangrienta represión contra los trabajadores. A esto se suma su declaración del estado de emergencia para el 5 de abril en Lima y Callao. ¡Nada más y nada menos que el día del golpe de Estado encabezado por el criminal Alberto Fujimori! Estas actitudes frente a la crisis no son falta de capacidad, ni torpeza política. Antes que eso, expresan su política de conciliación de clases, sus posiciones conservadoras y contrarrevolucionarias, su papel servil a la explotación capitalista. Por lo que resulta una profunda ingenuidad que ciertos colectivos de izquierda le sigan pidiendo de rodillas al presidente que regrese a su “verdadera” posición de cambiar la constitución y apoyar a los trabajadores. Como si en algún momento hubiera existido una “auténtica” posición a favor de los trabajadores. Va un eco de Toledo, viene un eco de Ollanta, esperemos no venga un eco del siguiente mesías.

En aparente enfrentamiento con la izquierda, todos los representantes de la derecha tan reaccionaria y conservadora pretendieron direccionar la movilización de los trabajadores, intentando imponerles la bandera de la vacancia presidencial. Con una perspectiva aún más mezquina que sus pares de “izquierda”, pretenden hacer creer a los trabajadores que la salida del presidente sería la solución a todos los problemas, que mágicamente los precios bajarían y la carestía de los medios de vida sería resuelta. La hora de la derecha llegó el 5 de abril. Echaron mano de sus viejas tácticas desplegadas en campaña electoral: contrataron operadores políticos del seno del pueblo, pagaron barristas como fuerza de choque, financiaron buses para el traslado y materiales como banderas, cintas, bombos, camisetas, etc., es decir, compraron almas y conciencias como suelen hacer. Se añade también el ingrediente mayoritario de una diversa pequeña burguesía, adepta a la ideología liberal en lo económico, pero conservadora en lo social y cultural, sectores evangélicos recalcitrantes, nacionalistas, grupos abiertamente neofascistas como la Resistencia. No podían faltar los sectores más acomodados de Lima, los “pitucos”, provenientes sobre todo de los distritos de Miraflores, San Isidro, La Molina, San Miguel, etc. Lima, región que más votó a Keiko, se convirtió en el baluarte de las artimañas de la derecha. Pero, al tiempo que fraguaban sus marchas, dejaban caer sus velos de apoyo a los trabajadores mostrando sus únicas intenciones: el control del gobierno. Comenzaron a tildar de revoltosos a los que marchaban fuera de Lima, de pronto, comenzaron a aparecer mágicamente pintas con la hoz y el martillo en Junín, epicentro de la lucha de los trabajadores. Se comenzó a revelar su temor a un desborde, su pánico a que los trabajadores “bajen de los cerros a saquear”.
 Además, que el alza de los bienes primarios no afecta en lo más mínimo sus vastos ingresos.

Esta marcha frankensteiniana no tiene la más mínima intención de resolver el problema de la carestía de los medios de vida, ni es muestra de solidaridad frente a la movilización de los trabajadores. La suya es la agenda de la conservación. Buscan desplazar al ejecutivo en la gestión del Estado e introducir tecnócratas representantes de fracciones capitalistas que no pretenden ninguna reforma fiscal ni ninguna medida regulatoria que melle mínimamente sus ganancias. Si agitar el cambio constitucional como respuesta a la crisis es sembrar ilusiones, es mil veces más inverosímil intentar hacer creer que un reposicionamiento de la derecha resolverá las cosas mágicamente. ¿Qué tienen para ofrecer a los trabajadores del campo y la ciudad? Nada, solo más explotación y miseria. A estas alturas es claro que más allá de quién gestione la maquinaria estatal, el sello capitalista termina imponiéndose siempre contra los intereses de los trabajadores. La diferencia entre Castillo y la derecha es de forma, no de fondo, de apariencia, no de esencia. El antagonismo izquierda-derecha, por tanto, es por el control de los negocios, los puestos y una más eficiente acumulación de capital. De ahí que las medidas tomadas por el gobierno no atenten las ganancias del capital y antes de ser un beneficio para los trabajadores sean un subsidio para los capitalistas.

La solución que propone la izquierda institucional es la asamblea constituyente o, como algunos quieren, la asamblea popular constituyente para darle un cariz más popular a un mecanismo estatal burgués nacido en la revolución francesa. Esta consigna ha calado en la conciencia de vastos sectores de los trabajadores que apuestan por la iniciativa de una asamblea que desplace a la impuesta vía dictadura en 1993. Se trata de una consigna que efectivamente podría paliar de manera coyuntural problemas relacionados a la reproducción de la fuerza de trabajo, por ejemplo, permitiendo el control de precios, entre otras medidas, pero que definitivamente no puede resolver los problemas estructurales derivados de las relaciones sociales de producción capitalistas y la dominación burguesa en nuestro país. Al contrario, no haría más que fortalecer y legitimar el Estado capitalista, la institucionalidad burguesa, el nacionalismo, el ciudadanismo y el parlamentarismo. Lejos de promover la movilización, terminaría por desmovilizar a los trabajadores, promoviendo que militantes radicalizados pasen a trabajar de funcionarios estatales, orientando su acción política a los fines de los grupos políticos que les garantizan prebendas por su posición en el Estado. Las experiencias recientes en Ecuador, Bolivia, Venezuela y Chile demuestran que los procesos constituyentes no trastocan en lo más mínimo la miseria y la explotación capitalistas que padece la clase trabajadora, es más, la potencian en muchos casos. Una asamblea constituyente es ante todo un mecanismo de contención y cooptación de la movilización independiente de la clase trabajadora. No por casualidad todos los procesos constituyentes y los gobiernos “progresistas” se dieron después de movilizaciones de trabajadores radicalizados a los que fueron frenando paulatinamente. Hacer un balance de esas experiencias posibilitaría a los trabajadores superar la “perspectiva constituyente” como alternativa principal frente a la explotación capitalista.

En ese sentido, consideramos que la clase trabajadora revolucionaria necesita actuar independientemente. La pequeña burguesía democrática está muy lejos de desear la transformación de toda la sociedad; su finalidad tiende únicamente a producir los cambios en las condiciones sociales que puedan hacer su vida en la sociedad actual más confortable y provechosa. Desea, sobre todo, reducción de gastos nacionales por medio de un acrecentamiento de la burocracia y la imposición de las principales cargas tributarias sobre los capitalistas. Para este objeto necesita una constitución democrática que pueda darles la mayoría en el gobierno, parlamento y municipalidades. Con el fin de adueñarse del poder y de contener el desarrollo del gran capital, el partido democrático pide la reforma de las leyes, e igualmente que se transfieran los servicios públicos y tantas empresas industriales como se pueda a las autoridades del Estado y del municipio. En cuanto a los trabajadores, ellos deberán continuar siendo asalariados, para los cuales, no obstante, los sectores democráticos procuran salarios más altos, mejores condiciones de trabajo y una existencia más segura. Los demócratas tienen la esperanza de realizar este programa por medio del Estado, la administración municipal, a través de instituciones benéficas. En concreto: aspiran a corromper a la clase trabajadora llamando a la tranquilidad, y así adormecer su espíritu revolucionario con concesiones y comodidades pasajeras.

Considerando todos estos elementos, entendemos que las tareas fundamentales de los trabajadores trascienden las estrechas perspectivas que todos los políticos burgueses pretenden imponerles. Ni la asamblea constituyente resolverá la miseria capitalista, y mucho menos la salida del presidente y del personal político en el Estado. La aparente polarización entre el reformismo y los sectores reaccionarios es secundaria frente a lo verdaderamente importante: la inmediata salvaguarda de las condiciones de vida de los trabajadores, y a largo plazo el desarrollo de la conciencia de los trabajadores y el fortalecimiento de su organización autónoma que permita intervenir de forma independiente contra todas las fracciones capitalistas. Es decir, la reconstrucción del partido revolucionario de los trabajadores, proceso que deviene como parte del autodesarrollo de la conciencia de la clase trabajadora en la confrontación con el capital. La entrada y salida de presidentes, los cierres del congreso o las salidas de ministros, han sido procesos accesorios e irrelevantes para los intereses de los trabajadores. La solución constituyente, así mismo, no pasa de ser un paliativo que no antagoniza con el interés del capital, sino que, al contrario, se materializaría como una concesión para poner a salvo el orden burgués de una eventual radicalización de los trabajadores.

Frente a esto es fundamental la independencia política de la clase trabajadora, el fortalecimiento de sus organizaciones, el apartamiento de las direcciones electoreras de los frentes de defensa, sindicatos y asociaciones, y, en ese sentido, la construcción de su propio partido revolucionario. La tarea no será fácil, ni se desarrollará de la noche a la mañana, pero es el camino de la autoemancipación de la clase trabajadora, de la superación del orden del capital, el camino donde los expropiadores serán expropiados.

¡Contra el Estado, la ultraderecha y los cambios dentro de la lógica del capital!
¡Que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores!
¡Abandonar las ilusiones constituyentes y luchar por la independencia política de clase!
¡Por la unidad internacional de la clase trabajadora!